El PP pregunta al Gobierno sobre la planta de reciclaje de baterías prevista en El Bayo

El Partido Popular (PP) ha planteado al Gobierno por qué no se han iniciado las obras de la nueva planta de reciclaje de baterias de litio anunciada por el Ministerio de Transición Ecológica para este año en el polígono de El Bayo.

Esta pregunta, presentada a la Mesa del Congreso por las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco, ha recordado que este proyecto fue presentado por el Instituto de Transición Justa en noviembre de 2022 como "estratégico a nivel nacional" por su capacidad para generar actividad económica en la zona.

Esta iniciativa está integrada en el plan Futur-E promovido por Endesa en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. Este plan contempla una inversión de 260 millones de euros y una creación de empleo de 160 puestos de trabajo, muy lejos de la ambiciosa propuesta aprobada en As Pontes con 2.500 millones de euros de inversión y la generación de 1.300 empleos alternativos.

En este contexto, las diputadas leonesas se han preguntado si el Ministerio de Transición Ecológica ha exigido el cumplimiento de los plazos a los promotores del proyecto, además de plantear si desde el mismo se está trabajando con los agentes para consolidar esta iniciativa, tal y como se comprometió la ministra, Teresa Ribera, en su visita a Ponferrada en marzo de 2023.

La planta de reutilización y reciclaje de baterías de litio plantea una inversión inicial de 13 millones de euros con unas ayudas del Gobierno con cargo a los proyectos empresariales en zonas de transición justa del 8%, es decir, de 1,17 millones de euros.

Este proyecto fue calificado en su presentación en agosto de 2023 como la "primera planta de reciclaje" de baterías de España y como "un motor de actividad y empleo" en zonas afectadas por la reconversión minera y el cierre de las centrales térmicas.

Entonces, se fijó para finales de 2023 el inicio de las obras y su puesta en funcionamiento a mediados de este año con la generación de 20 empleos en el momento de la apertura y de 50 puestos de trabajo directos cuando operase a pleno rendimiento.

La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica ha incidido en que "se trata de una inversión empresarial privada cuyos plazos son estimados, anunciados y llevados a cabo por los promotores", al tiempo que ha explicado que dependerá de la "evolución de las tramitaciones administrativas" y de las decisiones de los promotores.

En este sentido, han señalado que el Instituto de la Transición Justa publicó en diciembre de 2023 la resolución provisional de las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo en las zonas afectadas por la transición justa con una dotación de 1,17 millones de euros.

La respuesta del Gobierno evidencia, según han indicado las parlamentarias leonesas, que "el Ministerio que todavía dirige Teresa Ribera no está realizando el seguimiento exhaustivo que se había comprometido en una iniciativa esencial para la reindustrialización de la comarca berciana".

"¿Cómo es posible que el Instituto de la Transición Justa no realice un seguimiento de un proyecto que recibe una subvención pública de más de 1 millón de euros?", han preguntado las diputadas por León, quienes han considerado que "el Gobierno debe conocer la planificación de los promotores y velar por el cumplimiento de los plazos".