La ley de vivienda que no contenta a nadie
Tras un año de implantación de una de las medidas estrella del gobierno de coalición, su efectividad resulta ineficaz o inexistente
Imagen de Palma de Mallorca, uno de los puntos españoles que exigen medidas concretas acerca de su propuesta de vivienda. M. BORRÁS
La vivienda genera titulares, y la ley, frente a quienes impulsaron la última clasificándola entre sus medidas estrella de las que enorgullecerse, en cambio suscita polémica y rechazo en amplios sectores socioeconómicos y también a nivel particular. Y por territorios se detecta aún más esa disparidad de opiniones. Y un dato, que en este contexto, pega: un propietario de vivienda comprada con sus ahorros a título personal como inversión muestra todas sus dudas y sospechas de si no, a cuenta de la ley, se verá desprotegido.
En León, otro dato, su aplicación no es relevante. Y una opinión que sí lo es: «La polémica de su carácter intervencionista y desincentivador del mercado de la vivienda, especialmente del alquiler; así como la politización y falta de comunicación con los gobiernos regionales para regular una competencia que es exclusiva de las autonomías». Lo dijo a este periódico el leonés consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Y desde la postura de gobierno pero también institucional resulta que cierra el círculo del descontento con el particular citado arriba. Otro propietario leonés que tiene un apartamento alquilado asegura: «Lo que van a conseguir es que el que tenga un piso como inversión haga lo posible por no alquilarlo». Un tercer caso, por encontrar algún otro punto de vista, pero resulta que agua: «En su día compramos un apartamento por invertir. Lo tengo a la venta. Porque esta ley no te defiende, te ataca».
Yendo al planteamiento inicial, con la información ofrecida desde el portal del Gobierno, la Ley por el Derecho a la Vivienda desarrolla el derecho recogido en la Constitución a una vivienda digna. Persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas.
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y definitivamente por el Senado el 17 de mayo. El 25 de mayo se publicó en el BOE como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye otros proyectos de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.
Asimismo, ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
Una de los objetivos de la Ley de Vivienda es contener la subida de los precios del alquiler. Para ello, dispone la creación de un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda que ofrece información sobre el coste del alquiler en cada zona residencial, aportando así transparencia y competitividad al mercado del alquiler.
En las zonas declaradas como tensionadas los grandes propietarios no podrán firmar nuevos alquileres con precios superiores al del Índice de Referencia para su zona, ni con subidas superiores al incremento de actualización máximo permitido respecto del precio del anterior contrato.
Acerca del incremento máximo anual del alquiler se plantea que el máximo sea del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024.
A partir de 2025, se introducirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual, en sustitución del IPC, que evite incrementos desproporcionados en la renta.