Diario de León

Cuentas revela 120 incumplimientos “significativos” en la contratación realizada por las diputaciones en 2021

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presenta en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe: ‘Fiscalización de la contratación realizada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2021’.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presenta en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe: ‘Fiscalización de la contratación realizada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2021’.Ical

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El Consejo de Cuentas señaló un total de 120 incumplimientos “significativos” en la contratación pública realizada por las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León durante el año 2021, tanto en materia de preparación de los contratos como en su adjudicación.

Así lo refleja el informe de fiscalización de la contratación realizada por las diputaciones provinciales de la Comunidad en el ejercicio 2021, presentado hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

En concreto, en el ámbito de las actuaciones preparatorias de los contratos, Amilivia señaló 84 incumplimientos “significativos” por parte de las diputaciones de Castilla y León, en relación a la preparación del contrato (seis expedientes de cuatro diputaciones), en la clasificación (un solo caso), en los pliegos (16 expedientes de cinco diputaciones), en los requisitos de solvencia (17 de cinco), en los criterios de adjudicación (cinco expedientes de otras tantas diputaciones), en la determinación de ofertas anormales (14 de cinco), en las garantías (nueve de cuatro) y en las cláusulas especiales de ejecución (16 de cinco).

No obstante, de entre estos incumplimientos, Amilivia destacó, en declaraciones recogidas por Ical, los “muy significativos”, que suponen una aplicación incorrecta de las normas o donde existió un elevado riesgo de que los contratos no se adjudicaron a los mejores licitadores, realizados por parte de la Diputación de Ávila en uno de sus contratos y por la de Soria en dos.

Eso sí, el presidente del Consejo de Cuentas advirtió que, en el caso abulense, no tuvo mayor efecto porque aunque la fórmula de valoración “podría no otorgar la mayor puntuación a la oferta económica más barata”, las puntuaciones obtenidas con su aplicación “no variaron al adjudicatario”. En el caso soriano, el incumplimiento se calificó como “muy significativo” por la remisión a un cuadro de características cuya existencia “no fue posible constatar” en el informe realizado por el órgano propio de la Comunidad.

En el segundo ámbito de análisis, el de la adjudicación de los contratos, los incumplimientos “significativos” fueron 36, destacando los cuatro de la Diputación de Salamanca en la aplicación de criterios cuantificables automáticos, los ocho de Salamanca, Ávila y Segovia por adjudicar por una cuantificación que “depende de un juicio de valor”, lo que impide a los licitadores presentar recurso, o la decena de Palencia, Salamanca y Zamora en la resolución de adjudicación, entre otros.

Remisión fuera de plazo

En el informe presentado por Amilivia se analizaron 60 contratos, “el 8 por ciento de los comunicados” por las nueve diputaciones a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo, pero que supusieron un importe de 93,1 millones, el 67 por ciento del total registrado de 138,9 millones.

En el documento, dentro de sus conclusiones, también se expresa que las diputaciones de Burgos y Soria “sobrepasaron ampliamente el plazo establecido” para la remisión de los contratos a la Plataforma de Rendición de Cuentas, si bien la diputación soriana, junto a la de León, fueron las únicas que cumplieron con la obligación de la remisión de los documentos de formalización de los contratos antes de su requerimiento por el Consejo de Cuentas.

De hecho, según revela el informe, todas las diputaciones salvo León remitieron todos o alguno de los expedientes fuera del plazo preceptivo de los tres meses siguientes a su formalización, y en varias de ellas, pese a contar con portal de transparencia en su web, solo se incluye un enlace al perfil del contratante de la entidad, “incumpliendo la normativa”. Se trata de las diputaciones de Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora.

En relación a las obligaciones de publicidad, Amilivia declaró que “no se publicó la memoria justificativa del contrato en 22 expedientes de siete diputaciones” ni tampoco el informe de insuficiencia de medios en los contratos de servicios de 14 expedientes de seis de estas instituciones provinciales. Tampoco se publicó la resolución de aprobación del expediente en 15 contratos de seis diputaciones y quedaron sin publicar las actas de la mesa de contratación de otros 15 expedientes de cinco diputaciones, correspondiendo once de ellos a la Diputación de Salamanca.

Recomendaciones

Por todo ello, el Consejo de Cuentas de Castilla y León realizó cinco recomendaciones, tres de carácter general y dos específicas, para exhortar a las diputaciones a “mejorar la transparencia” de la información contractual y “extremar el rigor” en la valoración de la puntuación de sus contrataciones.

Recomendó así Amilivia el establecimiento de un protocolo que garantice el envío de los contratos adjudicados a la Plataforma de Rendición de Cuentas “dentro de los plazos establecidos”, la remisión al portal de transparencia de toda la información sobre la contratación realizada “de forma ordenada, estructurada y de fácil acceso” y la realización de un desglose de los elementos tenidos en cuenta para la asignación de los puntos, de cara a extremar el rigor para “evitar que no se otorgue la mayor puntuación a la oferta económicamente más favorable”.

En cuanto a las recomendaciones particulares, recordó a las diputaciones de Burgos, Palencia y Zamora “la obligación de publicar la formalización y la incorporación del correspondiente documento contractual en el perfil de contratante” y el envío del anuncio al Diario Oficial de la UE; y, a la Diputación de Palencia, le reseñó que “deberá finalizar la tramitación del expediente incoado en un contrato, a efectos de determinar la posible existencia de responsabilidades en la retirada de la oferta antes de la adjudicación”.

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