El polígono industrial de Puente Castro avanza en el papel sin que Diez afine cómo lo financiará
La Junta aprueba la declaración de impacto ambiental mientras el Ayuntamiento de León sigue sin definir el modelo de desarrollo de este suelo estratégico para industrias y empresas
No tiene todavía presupuesto, ni se ha asentado la fórmula de financiación, ni el sistema expropiatorio, pero, tres años y medio después de publicitar la activación del suelo, el polígono industrial de Puente Castro cuenta ya al menos con la aprobación de la declaración de impacto ambiental. El trámite queda superado después de que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio diera el visto bueno a la modificación urbanística con el apunte de que "no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente" la ejecución de este suelo, ubicado que se localiza entre la ronda Sur y la avenida de San Froilán, justo frente al cementerio.
El proyecto intenta dar respuesta a la carencias que se encontró Decathlon cuando pidió una gran bolsa para instalar su plataforma logística. No había, como admitieron los responsables del consistorio, que vieron cómo la multinacional se iba a Villadangos del Páramo.
En este escenario, el futuro polígono de Puente Castro acumula 1,15 millones de metros cuadrados: 522.000 metros cuadrados de espacios libres, viarios y equipamientos del área, y 615.000 metros cuadrados de suelo dedicado a «la actividad económica y productiva, no sólo industrial», sino también «empresarial, terciaria, tecnológica y comercial», como se detalló en la presentación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), encargada al estudio Rodríguez Valbuena con una factura de 145.200 euros. Pero ni en ese momento, ni en la posterior ratificación en el Pleno, se afinó cómo piensa el gobierno de José Antonio Diez llevar adelante un plan "urgente" que empezó por emplazar las obras para el segundo semestre de 2023 y, hace un año, ya fiaba el horizonte más optimista para "el entorno de 2025".
En esta indefinición, la aprobación de la declaración de impacto ambiental da un paso más en los despachos, mientras la responsabilidad del Ayuntamiento de León no acaba de cerrarse. El consistorio debe decidir ya cuál es el modelo de financiación que elige para llevar adelante el expropiatorio, que se estima que costará entre dos y tres millones de euros. Esta factura se podría asumir con fondos propios. Aunque en los presupuestos de 2024 no aparece consignada cantidad alguna para el proyecto, el remanente de tesorería de 2023 daría cabida a esta inversión, que podría aligerarse si se opta por pactar con los propietarios un modelo de convenio.
No será la única factura necesaria. El desarrollo del polígono industrial de Puente Castro no bajará de los 25 millones de euros. No queda claro todavía si el Ayuntamiento de León los pagará en solitario, si cerrará la colaboración con otras administraciones, como la Junta, cuyo presidente se comprometió de manera pública en León en noviembre de 2021, o incluso si optará por una fórmula público-privada en la que entrarían empresarios. Por ahora, con el camino administrativo bastante avanzado, no hay resolución.
El boceto del plan sí que afianza que el suelo industrial se desarrollará repartido en tres fases para facilitar el pago de los costes. Con una media de 8 millones de euros en cada empujón, la estrategia municipal municipal apuesta por empezar por el área norte e integrar algunas naves ya preexistentes en la zona de la avenida de San Froilán. Luego se avanzaría en el resto de un proyecto al que, en enero de 2021, se le puso la etiqueta de desarrollo "urgente" como "reserva estratégica para atender la potencial demanda de suelo industrial y/o actividades económicas que puedan generarse en el término municipal".