El conflicto entre Diez y la Junta por los colegios sólo se produce en León

En un repaso al resto de las capitales de provincias de la Comunidad queda patente que el problema de la falta de mantenimiento y mejoras en los colegios públicos sólo existe en León. Es indiferente el color político, no existen «roces» a la hora de delimitar cuáles son las competencias de cada ayuntamiento y cuáles las de la Consejería de Educación a la hora de realizar las acciones correspondientes en los centros educativos de Infantil y Primaria. Es más, desde la provincia de León, los docentes reclaman que se aplique un convenio similar al que ya existe entre la Diputación y la Junta que se centran en 84 colegios repartidos en los municipios con menos de 20.000 habitantes, a fin de que las dos administraciones, Ayuntamiento de León y Junta de Castilla y León, sean capaces de colaborar en pro de los colegios y de su alumnado.

«En noviembre de 2022 ya le propusimos al alcalde, José Antonio Diez, el modelo de colaboración que existe con la Diputación. Hay precedentes; los ciudadanos y los alumnos no pueden seguir pagando el pato de las administraciones», señala el portavoz de la Junta de Personal Docente de León, Javier Ampudia, quien exige «una solución» urgente que ponga fin a la agonía de los centros educativos que sufren los efectos de las humedades, el mal estado de los aseos o plagas de insectos. Los docentes acusan al alcalde de «inacción» en los centros y reclaman que se encuentre «una fórmula» para que ambas partes actúen y dejen atrás sus enfrentamientos.

La Junta de Castilla y León anunció el miércoles que asumiría la obra del Colegio de La Palomera tras las manifestaciones y las protestas de la comunidad educativa y la negativa del Ayuntamiento de León a asumir la mejora del tejado del edificio de Infantil. Desde la Consejería de Educación especificaron que asumirían «subsidiariamente y con carácter de urgencia» los arreglos que precisa el edificio a lo que añaden que, una vez ejecutado, «reclamará al Ayuntamiento de León los fondos que haya invertido en financiar arreglos cuya competencia es, indiscutiblemente, municipal».

El colegio de La Palomera es uno de los 17 centros educativos que hay en la capital leonesa, afectados todos, de una manera o de otra y de una cosa u otra, por la falta de inversión y mantenimiento en unas instalaciones que en la mayoría de los casos se construyeron a finales de la década de los 70 o en los años 80, cuando León gozaba de una tasa de natalidad sana. Ahora, cuatro décadas después, los centros, que han visto pasar por sus aulas generación tras generación de leoneses, sufren el desamparo de las administraciones que no logran ponerse de acuerdo qué corresponde a cada una de ellas, un tira y afloja que no se da en otras provincias y que perjudica claramente la calidad de la enseñanza pública en cuanto a instalaciones se refiere.

En Segovia, con gobierno popular al frente de la Alcaldía, «las relaciones son fluidas, pero anteriormente con un gobierno socialista tampoco había roces; las tareas están repartidas», precisan desde el Ayuntamiento segoviano para añadir: «Puede haber alguna discusión por alguna cuestión puntual, si es obra o mantenimiento, pero al final se llega a un acuerdo, no existe tirantez».

Una situación similar se vive en Ávila. «No hay conflictos, cada uno sabe qué tiene que hacer. Educación está haciendo obras y el Ayuntamiento se encarga de otras cuestiones», precisan desde este consistorio con Por Ávila en la Alcaldía.

En Soria, al igual que en León, los socialistas están al frente del Ayuntamiento y fuentes municipales también rechazan cualquier discusión con la Consejería de Educación por la mejora en las instalaciones de los colegios. Además, añaden que junto con el ministerio, Ayuntamiento y Junta colaboran en un proyecto para renaturalizar los patios con fondos europeos y también que tienen un convenio para seguir atendiendo las aulas en verano, cuando la Junta desarrolla el programa conciliamos y que pese a que «la línea es muy fina», cada una de las partes sabe cuál es su competencia, una competencia en las que el Ayuntamiento soriano invierte más de medio millón de euros al año.

Desde el sindicato Csif de Palencia explican que tampoco existen problemas. «Cada uno asume sus responsabilidades», señalan en relación a las relaciones entre el equipo de gobierno socialista y Educación. «Si llega una queja, se traslada a la Dirección Provincial de Educación y se ponen de acuerdo», rematan las fuentes sindicales.

La Diputación de León aprobó a finales de marzo el reparto de los fondos correspondientes al convenio con la Junta para los ejercicios 2023 y 2024. En estas dos anualidades se repartirán ente 84 centros los que 145.286 euros salen del Palacio de los Guzmanes y los 290.573 euros de la consejería. Es cierto que estas subvenciones se destinan a supresión de barreras arquitectónicas, reparación de cubiertas, renovación de aseos, mejora de la eficiencia energética, mejora y conservación de los edificios, patios, anexos o instalaciones deportivas deterioradas por el uso y pequeña obra nueva para servicios, pero es un punto del que partir, un acuerdo que beneficia a los pueblos y a su alumnado.

La secretaria de Educación de UPL, Sheila Fernández, tachó ayer de «electoralista» el anuncio de la Junta de que asumiría las obras de La Palomera. «Sin embargo en medio del interrogante sobre las competencias que debe asumir cada una de las instituciones, se pierden unos y otros en discusiones utilizando la seguridad y la educación de nuestros niños como arma arrojadiza para conseguir adhesiones en forma de votos», apuntó Fernández y retó a la Junta a que dé fechas y presupuestos antes de las europeas tras acusar a Valladolid de «del abandono de los institutos de la Región Leonesa, donde la Junta sí tiene competencia». Además, lamentó el «populismo» de Diez, satisfecho con este anuncio de la Junta «pese a saber de sobra que el mantenimiento que debería realizar el Ayuntamiento no se hace, por lo que surgen los problemas estructurales en los centros».