Bronca política y vecinal en Villaquilambre por el Centro de Migrantes a dos días de abrirse
La oposición critica la falta de transparencia y el tripartito justifica no haber dado información antes porque se enteró el día 10
El público fue desalojado
En un ambiente tenso y cargado de declaraciones desafortunadas, la sesión plenaria convocada ayer en Villaquilambre en busca de datos sobre el nuevo Centro de Acogida Temporal de refugiados que funcionará en las instalaciones del Chalet del Pozo, ‘hizo agua’.
A sólo dos días de la llegada de los primeros migrantes de Senegal y Mali que encontrarán en ese antiguo hotel su nuevo hogar, la bulla política y vecinal fue de tal envergadura que tapó el drama de la mayoría de personas que llegarán tras haber huido de la extrema pobreza de África y quedar hacinados en Canarias.
También quedó diluido que llegan a este municipio del área metropolitana leonesa por «emergencia» y por imposición de un Real Decreto 220/2022 del Gobierno central que marca de arriba a abajo la estrategia y las condiciones para acoger en Villarrodrigo a estos 180 migrantes, según reseñó el teniente de alcalde Vicente Álvarez (UPL), después de que una cadena hotelera alquilara por veinte años el inmueble y acordara con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se dedicaría a centro humanitario.
En el aire quedó si el Chalet del Pozo tiene todas las licencias en regla, si cumple la normativa contra incendios, colectores y de seguridad; si la temporalidad de los refugiados es solo hasta el 31 de agosto y si habrá más grupos a partir de esa fecha, preguntó el portavoz del PP, Manuel García, quien también propuso a los 220 firmantes de una carta a favor del centro que podían llevar «cada uno a un refugiado para demostrar su solidaridad».
Lo que sí quedó claro es que existe «preocupación» entre la población y que salvo casos determinados «nunca se han producido situaciones de racismo o xenofobia en el municipio», coincidieron la oposición y el gobierno local. El propio Manuel García aludió a los ataques de odio vertidos en los últimos días a través de las redes sociales, a los que se refirió como «casos muy puntales y sin razón».
No obstante, el alcalde, Jorge Pérez (PSOE), que ordenó el desalojo del público por las interrupciones, valoró con palabras muy duras a García al decir que «ensucia el nombre del pueblo por su ansia de poder» y ha demostrado «de forma clara su discurso de racismo y xenofobia vestido de vecindad». Es más, le señaló como instigador «del odio» cuando él se marchó de la sesión acusando al regidor de «dictador» por la expulsión de los vecinos. En su primera alocución, el también exalcalde denunció que el equipo de Gobierno no les había dado información, preguntó desde cuándo sabían de la llegada de migrantes, a lo que Álvarez respondió que desde el día 10, y cuestionó si podían poner la mano en el fuego por cada refugiado. «Deseo con todas mis fuerzas que no se produzcan problemas y que tengan integración», señaló, para recriminar al tripartito que hayan acusado a la población de racista. «La mayoría de la población de Villaquilambre es pacífica», recalcó, «pero soy sensible a que estén preocupados. Nadie dice que se vayan a comportar mal, pero es un elevado número de personas».
El portavoz de Vive, Ricardo de Dios, opinó que el equipo de Gobierno no ha gestionado bien la situación. «No sabemos si las instalaciones están adecuadas para acoger a estas personas y merecen que sean dignas». Coincidió en que «demonizar» a los vecinos no fue acertado por parte del alcalde y pidió que se les escuche «porque es parte de la Democracia». Desde Cs, Rodrigo Valle, añadió que al movimiento vecinal «no se le puede intentar desactivar llamándolo racista», mientras la concejala de Vox, Marta Extremo, cree que se está haciendo un efecto llamada para «que pueda venir cualquiera sin cumplir la ley ni las costumbres. La inmigración masiva ha incrementado delitos como las violaciones». A su juicio, existe un «buenismo» cuando «a los de aquí no se les ayuda y hay gente pasándolo mal». Vicente Álvarez fue el único que admitió que «quizás no lo hicimos del todo bien a la hora de informar y debíamos haberles convocado», en referencia a los portavoces de la oposición. Admitió que «los vecinos tienen derecho a expresarse» y que él mismo «les he recibido en mi casa», pero «no tenemos más información porque no nos la dieron ni desde el Gobierno ni desde la Junta».