La Comisión Europea cree que el peaje de la León-Asturias es ilegal desde 2003

Los treinta años endosados al peaje de la AP-66 salen de ojo como una anomalía en el análisis que aporta la Comisión Europea para analizar la prórroga, sus legalidad y sus posibles damnificados. Aquella decisión colea casi un cuarto de siglo después, en un debate actualizado por la determinación de Europa a restañar las consecuencias de esta modificación. Recoge este evento carta remitida por Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior, en la que se dirige al Gobierno de España para dar cuenta de la segunda advertencia en el procedimiento de infracción iniciado por la extensión de la concesión y explotación de la León-Asturias; el comisario indica que la prolongación de la concesión registrada en el año 2000 debería haberse extinguido tres años después; se cita como consecuencia el acontecimiento de la privatización de la autopista en 2003, cuando José María Aznar presidía el Gobierno de España.

En una carta de la que da cuenta el periódico asturiano La Voz de Asturias, el ejecutivo d ela Unión l Gobierno comunitario advierte pone el solfa la manera con la que España decidió acomodar el contrato sin concurso público ni publicidad previa, que implicaba que no hubieran variado las condiciones a lo largo de la concesión. Europa da a entender que sin privatizar la empresa concesionaria, hecho que sucedió a los tres años del evento de la prórroga, a estas alturas de pleito con algunos colectivos de usuarios no se habría ni planteado la legalidad del procedimiento. La autopista León-Asturias estaría desde hace más de veinte años al margen de una situación de legalidad.

El comisario Breton alude en su escrito al Gobierno a la ocurrencia de prolongar el contrato sin concurso público ni proceso de publicidad previa, afectado en el año 2003 por la venta de la sociedad Aucalsa que no fue auxiliado por una licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas por el tiempo extra de vigencia. De esa manera podría haber concurrido cualquier sociedad y no solo ser aprovechada la prórroga por quien compró la concesionaria en el periodo de privatización. La carta, según informa La Voz de Asturias, tuvo como destinatario al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y subraya en el ejemplo de la AP-66 el incremento de valor que supuso extender el tiempo de explotación,. También recuerda que el Ministerio de Fomento calculó en 1999 que los 29 años prorrogados en la autopista León-Campomanes sumaron un valor de 6.000 millones en precios actuales a la concesión, «más del 10 % del valor de la concesión inicial», concreta. «La prórroga cambió el equilibrio económico del contrato en favor de la concesionaria», escribe el comisario Breton.

En la Comisión Europa se consideran desajustadas las explicaciones dadas hasta ahora por el Gobierno español ante la prórroga de la autopista de peaje. En ese punto, ve una evidencia de que ya se había decidido privatizar la gestión de las autopistas antes de alargar su vida como viales de pago. «El verdadero objetivo de la prórroga de la concesión de la AP-66 por veintinueve años era aumentar su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable». La comisión europea da cuenta de documentos previos al 2000 que detallas el proceso de venta de la concesionaria cuatro años antes de que se privatizase.