La orientación sexual duplica los delitos de odio en apenas un año
Los casos denunciados pasan de doce a veintitrés y la mitad son de género o xenofobia
Las expresiones homófobas son muy frecuentes. MARÍA FUENTES
Los delitos de odio prácticamente se duplicaron en el último año y las cifras se dispararon merced al incremento de los relacionados con la orientación sexual o la xenofobia, de acuerdo a los datos recogidos por el Ministerio del Interior.
Casi el 75% de los episodios se concentraron en torno a estos dos epígrafes y a una tercera pata de ese banco que fue la ideología.
Antigitanismo, aporofobia y religión diferente fueron los siguientes apartados que se llevaron la palma en materia de asuntos denunciados. En otros dos casos se abordaron cuestiones referentes a discapacidades.
Los delitos de odio se caracterizan por acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones (reales o percibidas) distintas a las del perpetrador, como pueden ser la raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas o políticas, discapacidad, entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español. La selección de las víctimas se basa en estas diferencias inherentes.
Por lo tanto, un delito de odio puede dirigirse contra personas o grupos, así como contra sus bienes, degradando la dignidad humana y obstruyendo el ejercicio de derechos fundamentales, fragmentando así el tejido de una sociedad democrática y diversa donde el pluralismo y la igualdad son esenciales.
Para combatir las actitudes prejuiciosas y promover la tolerancia, el Ministerio del Interior, especialmente desde la creación de la ONDOD en 2018, ha enfatizado la importancia de centrar los esfuerzos en este campo, y ha puesto especial atención en las víctimas de estos delitos. Este enfoque busca dimensionar adecuadamente el problema, educar a la ciudadanía sobre su existencia y los derechos que protegen a las víctimas, conforme lo establecido en el «Estatuto de la víctima del delito».
El manejo y soporte a las víctimas continúa siendo una prioridad que se lleva a cabo gracias a la colaboración entre las fuerzas de seguridad, asociaciones civiles y tercer sector, dedicando recursos significativos a estas iniciativas.
El informe se basa en datos oficiales recogidos por las autoridades policiales sobre incidentes denunciados o identificados.
Este documento es crucial para medir y entender tanto cuantitativa como cualitativamente estos fenómenos, y fomentar un debate público acerca de esta problemática, ampliamente repudiada por la sociedad, debido a que estos actos no solo atacan a individuos específicos, sino que amenazan la convivencia armónica y pacífica de toda la ciudadanía, de acuerdo a su corolario de actuación.