Estafan 80.000 euros a seis leoneses y se declaran después insolventes

Un matrimonio ha sido condenado por la Audiencia Provincial de León a una pena de cuatro años y medio de prisión por estafar cerca de 80.000 euros a seis leoneses, a los que prometieron realizar obras de reforma que cobraron por adelantado y luego nunca realizaron.

Los condenados recurren por sistema sus penas hasta llegar al Tribunal Supremo, donde cuando adquieren firmeza, se declaran insolventes y crean nuevas sociedades para seguir con sus prácticas delictivas.

Las acusaciones sostienen que los acusados, actuando de mutuo acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, utilizaron engaño bastantes para ganarse la confianza de los clientes al anunciarse en las redes sociales como una empresa dedicada a reformas y construcciones, aparentando una solvencia de la que carecían, presupuestando las obras e, incluso, llegando a iniciarlas pero abandonándolas después al recibir de estos cantidades de dinero que excedían con mucho de las obras inicialmente realizadas, no habiendo tenido desde el comienzo intención alguna de cumplir con lo pactado.

Por su parte, los acusados negaron su participación en hecho delictivo alguno, y sostenían no haber suscrito ningún contrato de obras con los denunciantes, llegando incluso a mantener que ellos habían sido los engañados por terceras personas.

Uno de los acusados relató que había entregado al comienzo de las obras 14.000 euros como parte de pago parcial de precio y que, una vez que a penas las obras habían comenzado, los acusados le habían exigido otros 14.000.

Fue entonces cuando los empleados se habían negado a trabajar con el argumento de que los acusados no les pagaban sus salarios y de que ni tenían materiales ni herramientas, abandonando las obras; que luego había constatado que los acusados habían realizado ilegalmente el enganche de la luz; que, ante ello, se había puesto en reiteradas ocasiones en contacto con los acusados pero que le habían bloqueado el teléfono de contacto y el whatsapp, llegando incluso a enviarles un burofax para exigirles la continuación de las obras, a lo que los acusados habían hecho caso omiso; y que el valor de las obras realmente ejecutadas sólo era de unos 3.000 euros.