El TSJ reconoce el derecho de un policía nacional a cobrar una indemnización por su ropa si va de paisano
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido a un agente de la policía nacional su derecho a que se le indemnice por utilizar ropa de paisano por necesidades de su trabajo.
Según la sentencia, facilitada este jueves por el sindicato Jupol, que ha asistido con sus servicios jurídicos al agente, el TSJCyL ha estimado el recurso presentado contra la desestimación inicial de la administración del Estado, en concreto la dirección general de la Policía.
El alto tribunal autonómico reconoce el derecho del agente "a percibir la indemnización por vestuario dado el destino desempeñado en funciones sin uniforme por razones de la conveniencia o necesidades del servicio desde el comienzo de dicho período sin uniforme hasta la finalización del mismo", desde hace cuatro años y hasta la actualidad.
Además, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL ha determinado que se le deberá abonar al agente la misma cantidad que perciben los agentes que desempeñan sus labores en los servicios de protección dinámica de personalidades, fijado 148,64 euros al año.
Para JUPOL esta sentencia "demuestra nuevamente la dejadez de la Dirección General de la policía en relación a los derechos reconocidos para sus agentes, los cuales vienen haciendo oídos sordos de manera reiterada a las reclamaciones de los agentes y es la justicia la que tiene que obligar a la Administración a cumplir con sus obligaciones".
A juicio del sindicato, se trata de "una situación que supone una merma en las condiciones sociolaborales de los agentes y un cargo económico para la Administración que tiene que asumir las indemnizaciones con intereses y con las costas judiciales pertinentes".
Jupol ha recordado que son catorce los procedimientos de este tipo que ya ha ganado en toda España, y ha lamentado que la Dirección General de la Policía mantenga "su postura de negarse a responder a las reclamaciones de los agentes, obligando a los agentes a acudir a la vía judicial, contratando un abogado y procurador y, por lo tanto, perdiendo este dinero al que tienen derecho, tal y como está reconociendo la justicia".