Los enganches ilegales a la luz consumen en León lo mismo que medio millar de hogares

Los enganches ilegales a la red eléctrica detectados en León suponen el mismo consumo que medio millar de hogares. Un consumo superior a los 1,64 gigavatios que UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, ha conseguido recuperar mediante la persecución de los fraudes eléctricos en la provincia ya sea por plantaciones indoor de marihuana, construcciones ilegales o enganches que realizan particulares a otro consumidor que sí paga religiosamente su factura.

La persecución del fraude eléctrico se saldó en la provincia León con la apertura de 133 expedientes de los 12.400 abiertos en España en el marco de las 44.000 actuaciones llevadas a cabo por UFD en las diferentes regiones en las que opera dentro del territorio nacional. El objetivo de la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy en su lucha contra el fraude es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.

Fuentes del sector concretan que los momentos de crisis económica «siempre son periodos en los que existe un repunte de estas situaciones de conexiones ilegales». «Las consecuencias de la pandemia todavía se siguen arrastrando en algunos de estos casos», señalan, en relación a los enganches de particulares a la red, para definir que este fraude se lleva a cabo para obtener electricidad de manera gratuita en tres entornos: el doméstico, el industrial y para fines ilícitos. Actualmente, además, concretan que la mayor parte de ellos está relacionado con el consumo doméstico.

Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de 250 expedientes por fraude en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, un 61% más que la cifra registrada el año anterior.

El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude «es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura». Algunas estimaciones a nivel nacional cifran que el coste de los enganches ilegales a la red eléctrica podrían acercarse a los 2.000 millones de euros anuales.

Durante el año 2022 y los siete primeros meses de 2023, las acciones realizadas para la detección de los fraudes eléctricos por UFD se saldó con 204 intervenciones, en aquella ocasión entre las provincias de León y Zamora, ya que los datos no estaban desglosados por cada territorio. De esas acciones, tres estaban vinculadas a plantaciones indoor de marihuana y el consumo recuperado se elevaba a 2,39 gigavatios, lo que representaba el consumo de 800 hogares. La implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es clave a la hora de detectar e intervenir en este tipo de fraudes, que además suponen un peligro por el riesgo de incendio.

Delito y riesgo de incendio

 Los agentes de policía y la Guardia Civil se emplean a fondo en la detección de estos enganches ilegales a la red eléctrica tanto porque suponen un delito como por el riesgo que implican. Desde UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, concretan que estas actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, «y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera».

La primera señal de que existe una conexión fraudulenta a la red de un particular es el incremento en la factura eléctrica de forma anómala. En este caso, el afectado puede contactar con su compañía o denunciarlo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si considera que está siendo víctima de un enganche ilegal.

Multas de tres a doce meses de prisión, así consta el artículo 255 del Código Penal para aquellos que cometan fraude «utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos». Recoge que será penalizado tanto si se emplean mecanismos instalados para realizar la defraudación, se alteran maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores o si se emplean cualquier medio clandestino para conseguir el suministro de forma fraudulenta. El artículo concluye que si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.