El Procurador del Común apremia a León a cobrar como rústico el IBI de los suelos no urbanizados

El terreno tiene la clasificación urbanística como suelo urbano no consolidado, pero no ha sido desarrollado en el transcurso de los últimos 20 años, ni tienen aprobados instrumentos de ordenación detallada, ni visos de hacerlo en un horizonte cercano. Aunque cada año, el recibo del IBI se les gira como si formaran parte ya del callejero y «con ello se vulnera el principio de capacidad económica al gravarse una riqueza inexistente o ficticia, como puede ser que se haga tributar como urbano, lo que es rústico», como sentenció el Supremo.

El fallo, dictado el 18 de diciembre de 2019, arma ahora la resolución del Procurador del Común para que proceda a efectuar un cambio tributario que rebajaría hasta en un 82% los recibos del IBI que pagan en la actualidad los titulares de estos suelos. La institución, a partir de la queja de un ciudadano, insta al Ayuntamiento de León a que «estudie la oportunidad de tramitar, en los términos legalmente previstos, una alteración (revisión o modificación) del Plan General de Ordenación Urbana de León (PGOU) que permita alterar la clasificación de las zonas en las que, a la vista de la evolución de las necesidades del municipio, resulte conveniente hacerlo».

El dictamen del Defensor del Pueblo autonómico, pese a no ser vinculante, fundamenta la necesidad no sólo a partir de la sentencia del Supremo, sino en los fallos replicados por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). En Extremadura y Andalucía, ante las crecientes reclamaciones de los ciudadanos afectados, ya se ha afianzado que «un suelo urbano no consolidado que requiera de ordenación detallada y no esté aprobada debe considerarse rústico a efectos catastrales».

Con estas bases, la resolución del estamento independiente dirigido por Tomás Quintana abunda en exhortar al Ayuntamiento de León a que, mientras efectúa la revisión del PGOU, dé efectividad a la rebaja para los contribuyentes. Para lograrlo, el Procurador del Común apremia al consistorio de la capital leonesa a que «inste a la Gerencia del Catastro de la provincia a que, previos los trámites administrativos necesarios, declare la procedencia de clasificar como suelo rústico, a efectos catastrales, la parte de suelo clasificado como urbano no consolidado de ese municipio sobre el que no se prevea desarrollo urbanístico». «En particular, ante la falta de previsión de desarrollo urbanístico», se apostilla en el dictamen.

La coda añadida contrarresta los argumentos con los que desde el Ayuntamiento de León se contestó a la primera comunicación hecha por el Procurador del Común sobre el caso particular que reclamaba una nueva liquidación del Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las conocidas como plusvalías, y de los recibos del IBI de los últimos cuatro ejercicios, dado que el resto se consideran ya prescritos. Los responsables municipales argumentaron que los recibos girados tenían validez porque habían sido «determinados y calculados sobre la base del valor catastral del suelo vigente para la citada finca en el momento del devengo, correspondiendo a la propia Dirección General del Catastro, que es quien ostenta la competencia, la valoración de los inmuebles de diferente clase y naturaleza, urbanos y rústicos». Pero, como razona la institución al hilo del Supremo, no tiene «amparo jurídico que se pueda seguir girando los recibos por IBI o no anular los ya girados, en su caso, bajo la excusa de la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los valores catastrales».

El razonamiento sirve para insistir en que el Ayuntamiento de León «valore proceder a revocar las liquidaciones practicadas y la devolución de los ingresos indebidos abonados» por el ciudadano titular de la queja. Ahora, queda esperar la respuesta del gobierno de José Antonio Diez, que abriría una puerta a que el resto de afectados no sólo se beneficiaran de las rebajas, sino que pudieran reclamar los efectos en los cuatro últimos recibos anuales que no han prescrito.