León, obligado a recurrir a la Justicia para recuperar el agua de la Variante

A León no le queda otra salida que acudir a los tribunales para conseguir recuperar el agua que se fuga por la Variante, al paso del tren por los túneles ferroviarios que dejaron una quiebra irreparable en la red de acuíferos y fuentes de la cabecera del Benesga.

Dos décadas de fugas y un año del dictamen del Ministerio de Medio Ambiente para que Adif restañe los efectos de la quiebra del ecosistema no bastan para que los damnificados vean de vuelta ni una gota de agua de las fugas que ocasionaron las galerías, y que supone un trasvase de 10 hectómetros de agua cada año, siempre en la peor de las condiciones de puvliometría y registros hídricos.

Ninguna de las disposiciones administrativas puestas en marcha han servido para que León vea restituido alguno de los valores ambientales afectados por el paso de la tuneladora; la última, una corrección del impacto ambiental, con veinte años de retraso, obligaba al Ministerio de Transportes, a través del administrado ferroviario, Adif, a devolver la descarga de agua ocasionada hacia la cuenca asturiana mediante un sistema de bombeo. Hace más de un año de aquella disposición , lograda sólo gracias al empeño de los defensores legales de los pueblos afectados, constituidos en asociación y amparados por el derecho de defensa ante los daños ocasionados.

Adif buscó el resquicio para sacarse de encima el dictamen que revoca el primer impacto ambiental, que pasó de largo de todos los efectos naturales que ocasionó la obra de los túneles; según la corrección del estudio de impacto ambiental, Adif ya debería haber emprendido hace un año las gestiones para devolver todo el agua a León que parte de la destrucción de los manantiales, y restituir el daño con un sistema de bombeo que implica una inversión inicialo de 30 millones de euros, además de l mantenimiento anual, por un importe estimado de dos millones de euros. El dictamen se celebró como un éxito entre la asociación de entidades locales que agrupa a los damnificados; pero, pronto, la alegría se tornó en otro desengaño, en vista de las argucias que empleó Adif para sacarse de encima la obligación de compensar a León tras el destrozo ambiental causado con el proyecto de la Variante de Pajares.

Fue un pulso contra la misma administración central; de ministerio a ministerio, arengado con el atronador silencio de los políticos leoneses que no han elevado aún una palabra sobre otra para exigir públicamente a Adif que asuma su responsabilidad y atienda al dictamen de Medio Ambiente.

Este silencio ensancha el camino de León a la única salida del pleito para defender sus intereses, lesionados a nivel económico y social, por los efectos devastadores que la rotura de los cauces de los manantiales acarrea para la zona norte de la provincia; para el sistema hídrico del Bernesga, por extensión.

Medio centenar de acuíferos o manantiales dejaron de aportar agua a León por su curso natural, y desde el paso de la tuneladora lo hacen en un trasvase inducido hacia la vertiente cantábrica.

En otro ejemplo de menosprecio de los políticos hacia los intereses de este territorio, León se prepara para emprender otra batalla legal desde el próximo otoño con el fin de obligar a la administración a cumplir con el deber de subsanar los daños.

Se anticipa ya otro pulso desigual, al nivel del que terminó por derrotar a León cuando pleiteó para impedir el cierre del embalse del Esla, los trasvases de agua hacia terceras provincias sin haber resuelto las necesidades de desarrollo, o inversiones en estructuras mientras las leonesas se mantienen en el rincón del olvido.