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La inminente Ley del Alcohol causará un gasto de 6.000€ a los hosteleros afectados
El anteproyecto prohíbe las marcas de bebidas en locales cercanos a los colegios o parques infantiles de las ciudades
Editorial: Una ley contra el alcohol cuestionada
La nueva Ley de Alcohol y Menores que elabora el Gobierno supondrá una inversión de entre 4.000 y 6.000 euros para los hosteleros, dependiendo del tamaño que tenga la terraza. Así lo informó el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García, en declaraciones a este periódico.
Con esta nueva ley, los bares, comercios y restaurantes que se encuentren a menos de 200 metros de centros educativos u otros lugares específicos habituales para niños y adolescentes, como parques, deben retirar todas las marcas o logotipos de bebidas alcohólicas presentes en su equipamiento exterior. Es decir, retirarlas de las terrazas, los toldos y los carteles.
García advirtió que «es un proyecto de ley aún sin redactar, no se sabe cómo va a salir. Pero al hostelero desde luego le supondrá una inversión, porque tiene que cambiar las mesas, las sillas y los toldos».
El presidente de la Asociación de Hostelería de León destaca que al contratar esas marcas en el local «además de dar dos grifos de esa cerveza, el propio distribuidor cede las terrazas. En León también va a entrar en vigor una ley para retirar las marcas en el casco antiguo, así que el hostelero leonés está acostumbrado a esas medidas».
Con esta ley también estará prohibida cualquier publicación referente al consumo de alcohol en la vía pública o en los medios de transporte público, ya sean terrestres, aéreos o subterráneos como el metro. Tampoco se podrán mostrar las marcas en estaciones ni en marquesinas, y las empresas de bebidas deben dejar de poner frases en sus anuncios del tipo «Haga un consumo responsable» o «moderado».
El Proyecto de Ley anticipa que los hosteleros, publicistas y empresas contarán con doce meses para cumplir con la norma y cambiar las terrazas y los enseres. Una vez pasado este tiempo, aquellos hosteleros que no realicen los cambios se enfrentarán a sanciones de entre 600 y 30.000 euros y el posible cierre temporal del establecimiento.
Si el hostelero ignora las nuevas obligaciones en repetidas ocasiones o se da una reiteración, desobediencia o daño grave, se considerará falta grave y la multa crecerá hasta los 600.000 euros y la posibilidad del cierre del local a cinco años.
Óscar García considera necesario esperar a que salga la ley para tomar las medidas correspondientes, «pero entonces también tendrían que aplicarlo en los supermercados, porque también entran niños, o en cualquier local que tenga alcohol como las gasolineras. ¿O va a ser sólo para la hostelería?», se quejó en sus manifestaciones.
Otra de las medidas que critica García es el apartado del anteproyecto, en el que se establecen limitaciones a la publicidad y el patrocinio, cuyas medidas incluyen la prohibición de exhibición de las marcas de alcohol, nombres comerciales o logos en las proximidades de lugares para menores. «Es como si un estanco tiene que tapar sus marcas de tabaco. Entonces dentro de los bares no se podría tener bebidas alcohólicas», opinó García, aunque también añadió que lo que gira en torno a la ley «es un efecto mediático, todo está muy en el aire. Hasta que el Gobierno no tenga el texto definitivo no se puede asegurar nada, pero deberían de plantearlo de forma más seria».
La Ley de Alcohol y Menores tiene previsto llegar al Congreso a finales de año, por lo que resultará complicado que se apruebe antes del verano de 2025. El anteproyecto tiene previsto un plazo de hasta seis meses después de su publicación en el BOE para que las empresas, organizaciones y administradoras tengan tiempo de realizar los cambios exigidos.
En el caso de las limitaciones a la publicidad y el patrocinio, concederá un periodo de tiempo de un año, y las administraciones estatales, locales y autonómicas dispondrán de año y medio para realizar las modificaciones demandadas. Por último, los propietarios de máquinas expendedoras de alcohol tendrán 18 meses para quitarlas de la calle o implantar un método efectivo para verificar la edad de los consumidores, accionadas por sus trabajadores.