Las micropymes leonesas se asfixian en la avalancha regulatoria: dos leyes nuevas al día
En 2023 sólo la legislación nacional sobre asuntos empresariales sumó 1,275 millones de páginas. Una encima de otra, dos veces la torre de la Catedral
Editorial: Leyes para impulsar, nunca para complicar
La actuación pretende aumentar la inversión en nuevas tecnologías por parte de las pymes
Si se colocaran uno sobre otro los folios de los boletines oficiales de España que publicaron durante 2023 nuevas normativas que afectan a la actividad empresarial se alcanzaría una altura similar a dos veces la torre más alta de la Catedral de León. Si estos folios se colocaran uno detrás de otro, los empresarios tendrían que salir de León y llegar más allá de Madrid consultando las novedades legislativas que en un solo ejercicio cambian y les afectan. Si pretenden colocar sus productos y servicios en el ámbito nacional, sin aspirar siquiera a la internalización a la que se les insta insistentemente, están obligados a afrontar una avalancha normativa inabarcable (para la gran mayoría de los emprendedores leoneses además ininteligible), que les ocuparía más tiempo del que dedican a hacer rentables a sus negocios.
«El resultado se traduce en incertidumbre, unas posibilidades de inversión que quedan lastradas, el recorte de la capacidad de las empresas para crecer... Y, sobre todo, se compromete la propia actividad empresarial. Los emprendedores tienen que restar tiempo y esfuerzos de su capacidad de generar riqueza y empleo parar intentar atender las exigencias normativas a las que se ven sometidos sus negocios. Eso implica menos productividad y perjudica a la competitividad», explica Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele).
La maraña legislativa que atrapa a las empresas impacta de forma aún más negativa en entornos empresariales como en de la provincia de León, donde micropymes y autónomos son la práctica totalidad de la actividad productiva. A pesar de que es un colectivo el recesión numérica en la provincia, León cuenta con algo más de 35.000 trabajadores por cuenta propia. Sigue encabezando el ránking autonómico de autónomos, ya con poca diferencia sobre Valladolid.
Por lo que se refiere a las empresas registradas estadísticamente, son casi 28.000. De ellas, el 59% no tiene ningún trabajador. Y el 93% tiene menos de cinco empleados. Es decir, alrededor de 61.000 empresarios y autónomos, la práctica totalidad de quienes ejercen una actividad empresarial en la provincia, apenas dispone de tiempo y recursos para hacer algo más que intentan hacer rentable su trabajo.
¿Cómo se enfrentan a la sobrecarga de intentar estar al corriente de la legislación que les afecta? Desde luego, insiste Suárez, «pensar que pueden leer más de 600 páginas diarias de normas publicadas en los boletines es absurdo. Sin contar con que la legislación es cada vez más compleja, las normas están llenas de disposiciones adicionales o transitorias, derogaciones parciales,... No son sencillas de comprender, pero afectan a toda su actividad, desde el inicio del negocio a su desarrollo, facturación, relaciones con los trabajadores, sostenibilidad ambiental, transparencia y garantías, protección de datos, privacidad,... Es, realmente, inasumible».
Y los datos son claros. En España el 95% de la produccion normativa es estatal y autonómica. «Son los que tienen capacidad legislativa, el ámbito municipal casi se limita a ordenanzas fiscales y de apertura».
680 normas nuevas
En España se publicaron sólo el año pasado más de 680 normas de aplicación a todas las empresas y trabajadores. «Eso implica 14 nuevas normas a la semana». Las del Boletín Oficial del Estado y las de los boletines de las 17 autonomías. «Tanto la provisión de materia como la actividad de productos y servicios se desarrolla hoy en el conjunto del país, no sólo en tu provincia».
El resultado es que un empresario que pretendiera mantenerse al día en cuanto afecta a su actividad en el país tendría que haber desentrañado lo que regulan 1.275.000 páginas de boletines oficiales nacionales.
Castilla y León ocupa el cuarto lugar en el ránking de producción normativa para empresas en el pais. Sólo a lo largo de 2023 publicó en el BoCyL 79.892 páginas de nuevas leyes o cambios normativos que afectan a la actividad empresarial.
Procedimientos y sanciones, a mayores
No es una percepción sólo del tejido de micropymes local. «La propia Asociación de Oficinas y Despachos de la Fele, donde se agrupan los profesionales que se dedican al asesoramiento, nos traslada con frecuencia que es imposible ir al ritmo normativo que imponen todos los poderes públicos».
Desde la Ceoe estudian desde hace tiempo con las distintas administraciones una solución a esta asfixia normativa a las empresas. También con la Junta de Castilla y León. «Sólo pedimos que nos dejen trabajar», insisten desde la Fele.
A todo ello hay que sumar las normas de la Unión Europea que son de obligado cumplimiento en los países miembros. Y eso, en 2023, sumó 32.832 documentos con nuevas exigencias, de los que 29.000 fueron directivas, reglamentos o decisiones. Muchas de ellas se aplican de forma directa en los estados miembros.
«El resultado es una barbaridad. Los datos ponen en evidencia un inasumible aumento de la actividad burocrática que entorpece las iniciativas para crear empresas o invertir, también para generar más empleo», señala Suárez. «Este maremagnun de normas y trabas lastra la competitividad. Exige que las empresas dediquen una cantidad de recursos y esfuerzos materiales y humanos importantísima para intentar estar al día y cumplir con toda la normativa a la hora de colocar un producto o servicio en el mercado español, ya sin plantearse salir a Europa o a otros países».