El Ayuntamiento de León recurrirá la condena por el exceso de trabajo de su abogado
Fachada del Ayuntamiento de León en Ordoño.
El alcalde de León, José Antonio Diez, anunció ayer que el Ayuntamiento de la capital recurrirá la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de León en la que condena a la administración a indemnizar con 149.858 euros a un abogado que trabajó en el Consistorio por sobrecarga laboral, como adelantó este periódico el pasado fin de semana.
Diez explicó que esta sentencia en primera instancia hace alusión a un asunto que «se lleva demandando desde el año 2014» y señaló que Consistorio «ha decidido recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia», por lo que prefirió esperar a que este se pronuncie para hacer valoraciones al respecto.
No obstante, sí apuntó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León se encuentran trabajando en el recurso, de forma que «cuando la sentencia sea firme se podrá entrar a valorar la decisión judicial». En su demanda, el funcionario, de 66 años, precisó que 2014 fue el último año en el que trabajaron tres personas en el departamento jurídico y que desde entonces estuvo solo excepto ocho meses en los que se cubrió una de las plazas vacantes.
La sentencia considera culpable al Ayuntamiento por «daños continuados» y por «pasividad» ante lo que estaba sucediendo a pesar de que el abogado advirtió de su situación «verbalmente y por escrito».
Además, considera probado que se multiplicó su carga de trabajo, motivo por el que el Ayuntamiento vulneró su derecho a recibir protección eficaz de seguridad y salud en el trabajo.
El abogado advirtió que esta no fue una simple sobrecarga temporal, sino una situación abusiva prolongada, lo que le causó daños físicos, psicológicos y morales. «Los magistrados señalaron la existencia de una situación de «mobbing», además de la violación de derechos fundamentales y una falta en la prevención de riesgos laborales, afectando gravemente la salud del trabajador», afirma.
El Ayuntamiento defendió que el abogado había asumido voluntariamente el trabajo adicional de sus compañeros ausentes. Sin embargo, la sentencia califica la actitud del consistorio como «reprochable», ya que no cubrió las vacantes ni ofreció soluciones.