Cesa el interventor de San Andrés que denunció a Cuentas la gestión de 14 años
El profesional se incorporará a León tras dejar miles de reparos a la actividad municipal
Interior del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. DL
El funcionario que puso en jaque la gestión municipal realizada en San Andrés del Rabanedo por las últimas cuatro corporaciones políticas, I.P.M., acaba de decir adiós laboralmente a este Ayuntamiento del alfoz para incorporarse a la plantilla de León capital, según publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día de San Froilán.
Y lo hace tras haber interpuesto miles de reparos a los escritos de la casa consistorial y de haber denunciado incluso ante el Tribunal de Cuentas la labor que se realizaba. Una denuncia que no tuvo éxito y fue desestimada, pero que generó varios atragantones para contestar a todo lo que puso en entredicho.
De hecho, el Tribunal de Cuentas amargó el final de 2021 al Ayuntamiento de San Andrés al solicitar la certificación de miles de documentos administrativos de los últimos catorce años que pudieran aportar luz sobre quién intervino en los acuerdos sobre las nóminas, las mesas laborales y los convenios y con qué contenido.
La ingente tarea sobre los acuerdos plenarios, las juntas de Gobierno, la aprobación del VI Convenio laboral y las reuniones se desarrolló durante un mes con carácter prioritario y logró una prórroga de quince días, lo que restó tiempo para otras cuestiones de importancia municipal, como la elaboración y luz verde del presupuesto del propio año 2021.
La labor para contestar a la denuncia del interventor implicó a todos los departamentos municipales coordinados por la Secretaría, que tuvieron que repasar documento a documento, muchos de ellos en papel, para encontrar los nuevos datos que exigía Cuentas de los procedimientos generales al hilo de la denuncia sobre posible «alcance contable» que había elevado el funcionario un año antes.
Parte del meollo que quería aclarar el Tribunal era si se había llegado a producir alguna supuesta ilegalidad en la asignación de complementos salariales a la plantilla por no ajustarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que el interventor había insistido en considerar «excesivos» algunos pluses de productividad que los trabajadores estaban percibiendo.
El asunto llegó a Cuentas en noviembre de 2020 de la mano de este profesional de la casa, que estimó como representante del Ministerio de Hacienda en el Ayuntamiento de San Andrés que las nóminas no podían seguir aprobándose con reparos, al igual que otros expedientes.
La investigación del Tribunal no se centró en un presunto error provocado por la Corporación socialista de ese momento, sino que examinó la bola de supuestas irregularidades en la forma de los actos administrativos de San Andrés que se podía haber generado en los coletazos del gobierno de Miguel Martínez en 2007, y siguió girando durante los mandatos de María Eugenia Gancedo (mayo 2008-2011 y 2015-2018) y Gregorio Chamorro (2011-2015) hasta llegar a Camino Cabañas (que gobernaba desde otoño de 2018).
La contestación a la denuncia fue un amplísimo dossier de hasta cien folios que logró su objetivo. Cuentas pudo acreditar con esa documentación que no existieron irregularidades.