La sanidad pública, en vilo, por si asumirá un auténtico ‘pueblo’ de 18.200 mutualistas

La sombra de desmantelamiento planea con fuerza sobre el sistema que cubre la asistencia sanitaria de 22.790 funcionarios y sus familiares en León. A un mes para cerrarse la renovación del convenio entre el Gobierno y las aseguradoras privadas (Adeslas, Asisa y DKV), la tensión ha escalado a niveles preocupantes y las posturas parecen muy distanciadas desde el 17,12% de incremento que aprobó el Ministerio de Función Pública al 30-40% que argumentan las prestadoras del servicio para no incurrir en pérdidas.

De modo que la sanidad pública leonesa está en vilo por la posible llegada de un auténtico ‘pueblo’ de 18.200 mutualistas a los hospitales y centros de salud del SNS, puesto que ya gestiona a casi 7.000 de ellos. La última estadística publicada por el Sacyl muestra que tres de cada diez profesionales vinculados a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) optaron el año pasado por recibir asistencia sanitaria pública en vez de a través de entidades privadas.

En conjunto un 30% de los 22.790 trabajadores vinculados en León a esas tres mutuas frente al escaso 13% que prefería en 2013 que les atendieran en los centros de salud y el hospital universitario leonés en lugar de en los concertados privados. Hace una década sólo eran 3.696 los profesores, funcionarios de carrera, militares y de la administración de justicia los que se decantaban por curar sus problemas de salud con los profesionales de la sanidad pública. Un número que se ha multiplicado hasta los 6.967 actuales.

Aún así cerca del 70% de los mutualistas siguen recibiendo cuidados sanitarios privados y si se produce el fin de la mutualidad la sanidad pública recibiría una avalancha de difícil digestión en un panorama de abultadas listas de espera que ayudó a disparar la pandemia y escasez de manos profesionales.

El modelo Muface hace agua tras 48 años de vida y si el concierto se extingue, esa situación afectaría en León a 18.471 personas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 10.097 de Isfas y 1.189 de Mugeju. Hace unos meses, ya se barajó la idea de sacar a los funcionarios de esas tres mutuas de la prestación sanitaria privada de forma «paulatina» y su «inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal». El cambio no solo afectaría a la infraestructura sanitaria, sino también a la calidad del servicio que recibirían los pacientes. La sobrecarga de los hospitales públicos podría traducirse en esperas más largas, un aumento en los tiempos de atención y una menor calidad asistencial para los mutualistas que hasta ahora han disfrutado de una mayor capacidad de elección en el sector privado, según los expertos.

Además, la tensión económica que generaría este cambio en el sistema de salud sería notable. Para empezar, implicaría aumentar el presupuesto destinado a la sanidad pública, reforzar las infraestructuras, el personal y los recursos para hacer frente al nuevo volumen de pacientes.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) asegura que el mutualismo ahorra al sistema público unos trece millones en León. Y lo justifican en que la prima media por asegurado (1.032 euros anuales, que con el incremento aprobado pasaría a 1.208) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1.736 euros), por lo que cada mutualista ahorra más de 500 euros de media. Por su parte la Fundación Idis entiende que «siempre habrá un menor coste» en la sanidad privada «por la mayor eficiencia». Las mutualidades, sindicatos y sector privado vienen denunciando desde hace años la quiebra de un modelo destinado a desaparecer «si no se incrementa la dotación presupuestaria». Idis defiende que «la privada tiene un papel esencial en el sostenimiento del sistema de salud en términos de liberalización de recursos y complementación de servicios», y apuesta por «aunar» el trabajo de ambas.

Los funcionarios civiles del estado son los más numerosos, el 69%

La población con cobertura a través de mutualidades administrativas de aseguramiento público ha crecido, con un 69% de personas integradas en Muface, un 27,2% en Isfas y un 3,7% en Mugeju. Desagregando por sexo, para el conjunto de asegurados por mutualidades en León, un mayor porcentaje corresponde a mujeres que han optado por la asistencia sanitaria a través del sistema público (56,6% frente al 43,3% de los hombres), y el grupo más numeroso es de mujeres con más de 50 años. En Muface y Mugeju, se aprecia un mayor porcentaje de féminas tanto en el INSS como en las entidades de seguro privado, al contrario que en Isfas, donde priman los hombres y una mayoría de los jóvenes se decantaron por recibir atención sanitaria privada. El Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025 a nivel nacional, que supone el 76,73% de la financiación de Muface. Otro 18,57% restante llega de las cotizaciones de mutualistas (con una cuota mensual según el grupo/subgrupo funcionarial al que pertenezca que oscila entre 51,68 y 21,07 euros), el 3,51% de subvenciones del Estado y el 0,25% de otros ingresos.

Datos a tener en cuenta

Muface. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado atiende tras casi cinco décadas a 7.992 hombres y 10.479 mujeres en León.

Isfas. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas está integrado por 6.714 varones y 3.383 féminas en la provincia leonesa.

Mugeju. La Mutualidad General Judicial es la menos numerosa y engloba a 427 usuarios y 762 usuarias.