El turno de oficio se expone a un éxodo masivo si no suben las retribuciones

Los abogados leoneses amenazan con un éxodo masivo de profesionales, dispuestos a abandonar la prestación del sistema de asistencia gratuita, a la vista de que el Ministerio de Justicia sigue sin resolver las exigencias del colectivo. Las remuneraciones se consideran exiguas en la actualidad y hay casos en los que no alcanzan a cubrir los gastos que se generan, circunstancia que depara un déficit que cada vez se acentúa más.

Mari Luz del Carre, responsable del turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de León, declinó pronunciarse al respecto a instancias de este periódico. La exigencia solamente se plantea en la zona llamada ‘territorio ministerio’ que responde a las comunidades autónomas en las que las competencias en materia de Justicia no han sido transferidas a los gobiernos autonómicos.

Las condiciones en que se está prestando el servicio de asistencia jurídica gratuita están provocando el progresivo abandono de este servicio por parte de los letrados. El número de profesionales adscritos al turno de oficio se ha reducido desde los 45.000 del año 2018 a los actuales 40.000. «La actualización es impostergable. Nadie entendería que concluyese el año sin que tengamos un notable incremento en las retribuciones de los baremos», explicó esta semana Salvador González, el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía.

Un grupo de profesionales leoneses ha puesto en marcha una agrupación no oficial de forma espontánea para atender las reivindicaciones del colectivo. «La solución sería darnos de baja», apuntaron en las últimas horas. Unos 350 profesionales forman parte de la lista de voluntarios. Cobran en el mejor de los casos 400 euros por juicios que a veces duran una semana y les obligan a cerrar sus despachos durante siete días. Y a veces, hay casos en los que tienen que prepararse sumarios de más de mil folios en apenas unos días. Por no mencionar las visitas a Villahierro, donde cobran 20 euros por el desplazamiento y la asistencia las dos primeras veces. «A partir de la tercera ya no nos pagan», se quejan amargamente.

Las administraciones competentes «deben asumir que, como sucede en el resto de los servicios públicos, los costes de la asistencia jurídica gratuita implican mucho más que el pago de las indemnizaciones, por lo que deben considerar la necesidad de establecer dotaciones económicas para aspectos esenciales como el transporte o la formación, o la dotación suficiente de profesionales para todos los servicios de guardia», explican los profesionales afectados por esta determinación.

No se trata solamente de un problema de fondos, también es una cuestión de forma: «Los limitados resultados obtenidos en ámbitos como la violencia de género o la protección de los derechos de los migrantes precisan de abordajes más profundos e integrales para orientar el trabajo de forma que permita mejorar la situación de las víctimas de la violencia y de quienes solo buscan un futuro mejor lejos de sus casas».