La mayor avalancha de asuntos ingresados desde 2015 sólo se resolvería con el cierre por 29 meses

El calibre del atasco judicial es de tales dimensiones en la actualidad que, para hacer frente a su neutralización, se necesitaría cerrar 29 meses los juzgados y que el personal siguiera trabajando al mismo ritmo sin recibir ningún asunto judicial nuevo.

Son datos de constatación relativa. El servicio de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ya advierte de que el dato de la tasa de pendencia, como así se conoce a esta cifra, es simplemente orientativo y que donde cobra verdadero valor su significado es en el balance anual, donde la trascendencia ya es más taxativa.

La previsión en cualquier caso no es especialmente halagüeña. El CGPJ entiende que de acuerdo a los datos que se manejan en la actualidad, es bastante previsible que el atasco crezca alrededor de un 14% pese a que la labor de los magistrados en el cómputo del año se va a elevar en torno a un 15%. Eso por no hacer constar que las jurisdicciones de lo Civil y de lo Social van a experimentar un aumento de asuntos pendientes de un 19% aproximadamente. Son las cuestiones más comunes en el primero de los casos y las referentes a la materia laboral en el segundo.

Hay que remontarse a 2015 para encontrar un volumen de asuntos ingresados más alto que el de la actualidad. En aquel año llegaron a acumularse 73.622 expedientes con sello de entrada, mientras que en la actualidad se significa que los que han entrado han alcanzado los 54.795 el último año. La proporción es notablemente diferente. Los 86.777 del año 2005 son el tope histórico de la litigiosidad en la provincia de León.

A nivel general, la cifra de asuntos ingresados en los órganos judiciales de toda España, que en total sumaron 2.045.647, experimentó durante el segundo trimestre del año un incremento interanual del 12,7%. La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del contencioso administrativo, en que los asuntos de nuevo ingreso disminuyeron un 5,8%. En la jurisdicción civil, el incremento fue del 15,4 % con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2023; en la penal, del 10,3% y en la social, del 20,1 %. La tendencia es bastante similar en el país y en la provincia, aunque las proporciones cambian en apartados no especialmente significativos.

Con todo, el panorama a los dos niveles pasa por la dotación de nuevas salas y la mejora de la plantilla de magistrados, jueces y fiscales. Ello conllevaría la mejora de las plantillas de funcionarios, por ende. Y parece que no hay voluntad política de afrontar el reto.