El asesor de San Andrés pide valorar las horas de su «exceso de trabajo»
Sigue la estela del abogado de León que logró 150.000 € vía judicial por sobrecarga continuada
Interior del Ayuntamiento de San Andrés
El asesor de servicios municipales de San Andrés del Rabanedo desde hace quince años, G.C., ha solicitado al equipo de Gobierno de este Ayuntamiento del área metropolitana leonesa que valore su «exceso de trabajo». Alega que asume «más responsabilidades» en su puesto de las que le corresponden, sobre todo, derivadas de las recurrentes bajas laborales de numerosos técnicos de la casa, del abogado municipal y hasta del secretario, que trajo de cabeza en el verano de 2023 y parte del otoño a la Corporación.
En esa época se atascaron 600 expedientes y la alcaldesa leonesista, Ana Fernández Caurel, trató de convencer a los tres letrados del Ayuntamiento con categoría A1, entre ellas al propio G.C., para que ocuparan temporalmente el puesto vacante del secretario y se desbloqueara así la gestión municipal.
Sin embargo, ya entonces el asesor alegó «exceso de trabajo», como los otros dos funcionarios, para declinar el ofrecimiento. Ahora, siguiendo la estela del abogado del Ayuntamiento de León, que peleó y ganó en los tribunales una indemnización de 150.000 euros por «sobrecarga laboral continuada», G.C. ha solicitado al equipo de UPL que gobierna San Andrés del Rabanedo varios documentos que «acrediten» que ha asumido más tarea. Es más, requiere que sea el propio Ayuntamiento quien valore las horas del «exceso de trabajo».
La sentencia que dio la razón al abogado de León es pionera y reconoce que el funcionario realizaba el trabajo de varios. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León le reconoció una altísima indemnización «por daños y perjuicios debido a la sobrecarga de trabajo continuada a la que se ha visto sometido durante años, al ocuparse él solo del trabajo de hasta tres personas».
La situación de «carga de trabajo inasumible» que describe la sentencia judicial para este funcionario con 43 años de servicio a sus espaldas se produjo al no cubrirse las bajas prolongadas de los otros dos letrados. El juez culpa a la Administración local de esta situación «lesiva» para el abogado, por la «pasividad» del Ayuntamiento a la hora de solucionar el exceso de tareas. Es más, el magistrado tiene en cuenta que el afectado advirtió de esta situación «repetida y diligentemente» a sus responsables de recursos humanos, verbalmente y por escrito. La carga de trabajo «multiplicada», vulnera, según el juez, el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.