El líder de Se Acabó la Fiesta "no" se querelló contra una magistrada leonesa por identificarle
La jueza "no procedió" a ordenar una detención ilegal de Alvise en una casa rural de Bustarviejo
El eurodiputado Luis Pérez, Alvise, en una sesión del Parlamento Europeo. EFE/EPA/TERESA SUAREZ
El líder de Se Acabó la Fiesta (Salf), Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, no ha interpuesto una querella contra la magistrada de León María Teresa de la Peña Valverde, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León, como se publicó el pasado día 18, según aseguran sus abogados. El error proviene de que el propio Alvise indicó en sus redes que varios guardias procedieron a identificarle cuando se encontraba en una casa rural en la localidad de Bustarviejo (Madrid), lo que él consideró un atropello y un «intento de detención ilegal» porque al ser eurodiputado es una persona aforada que sólo puede recibir ese tipo de órdenes del Tribunal Supremo.
Es más, el líder de Salf subió varios vídeos a las redes quejándose de la actuación y anunció que se querellaría. Cuestión que sin embargo no ha ocurrido, según remarca el entorno legal de la jueza de León, como tampoco existió una detención ni se incurrió en prevaricación, insisten.
En opinión de la magistrada que traslada un gabinete jurídico, la noticia que publicó este medio «contiene una serie de manifestaciones rotundamente falsas», porque la aseveración de que Luis Pérez Fernández ha procedido a querellarse contra la jueza «es rotundamente falsa, con lo cual dicha manifestación no es veraz». Consideran, además, que se publica una «gravísima acusación» que consiste en afirmar en el titular que ‘Alvise se querella contra una jueza de León que ordena su detención ilegal’, porque «dicha afirmación es falsa y se acusa a la magistrada de una prevaricación ante unos hechos que no son ciertos».
En tercer lugar estiman que «ambas acusaciones contenidas en un mismo artículo y mismo autor, tanto en su soporte en papel como digital, revisten mayor gravedad aún dado que se identifica claramente, para una mayor repercusión mediática y daño reputacional, a la perjudicada, con su nombre y apellidos», así como indicando que es la titular de un determinado juzgado de Instrucción, y que es «conocida por sus sentencias en materia de violencia de género». Insisten en que «todas esas manifestaciones y acusaciones además de adolecer de falta de veracidad porque —ni existe una querella interpuesta por él ni existe acusación formal con causa en una detención ilegal—, provocan un grave daño reputacional que perjudica gravemente la imagen y el derecho al honor» de la jueza en ejercicio. En realidad, fue Alvise quien recurrió a las redes para mostrar su enfado, dirigirse a la magistrada y decir que pondría los hechos en conocimiento del Comisario Europeo de Justicia.
La rectificación de la magistrada María Teresa de la Peña Verde, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León, se realiza con arreglo al derecho establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo.