El eterno debate de la doble red educativa
El Gobierno plantea la revisión de los conciertos educativos para evitar que se cobre a las familias la cuota voluntaria
La convivencia de las dos redes educativas, la pública y la concertada, siempre ha estado en entredicho, con adeptos y detractores. Por un lado, los que defienden que la pública atiende en igualdad de condiciones a todos los alumnos, es integral y solidaria, entre otras cuestiones. En el otro, los que apelan a que la concertada garantiza el derecho a la libertad de enseñanza. En León hay 148 colegios, de los que 34 son concertados y ahora el debate se ha vuelto a abrir porque el Gobierno apuesta por negociar con las patronales de la concertada un aumento de las subvenciones que reciben estos centros para, además de actualizar los conciertos, conseguir que dejen atrás las cuotas voluntarias que pagan las familias y aumentar la transparencia en los procesos de matriculación, según informó la semana pasada el periódico El País . El debate está sobre la mesa desde 1985, cuando se cerraron los primeros conciertos porque, con España en pleno proceso de la Transición y en plena apuesta por extender la educación, recurrió a los centros privados para ofertar plazas ya que no existían suficientes en la red pública, que se desbordó tanto por la falta de estructura como por el boom de la natalidad. Una doble red que ya existía previamente porque durante la Dictadura se impulsó la enseñanza privada, sobre todo la ligada a las órdenes religiosas, y se desatendió la pública. Han pasado 40 años desde el primer concierto, siguiendo otros modelos europeos, está pendiente ahora qué postura se tomará finalmente y en qué repercutirá la revisión de los conciertos.
Familias de la pública: «Los conciertos ya no tienen sentido, ahora hay plazas en la pública»
«Los conciertos se hicieron en su día por el boom de la natalidad. En su momento estuvieron bien, pero ahora que en los públicos sobran plazas por la bajada de la natalidad no tiene sentido que les aumenten el dinero ni que existan los conciertos», señala la presidenta de la Felampa, la federación que aglutina en León a las ampas de los colegios públicos de toda la provincia, Diana González Pellitero. Ella reclama que esos fondos que se van a destinar a los conciertos, se destinen a los colegios públicos «porque nuestros edificios están que se caen». «Ellos son una empresa, ¿por qué no hay concertados en el medio rural?», plantea la portavoz de la Felampa para recordar que «detrás de los colegios concertados hay fundaciones; ellos disponen de unos fondos a mayores y siempre van a tener mejores recursos que los colegios públicos y además cuentan con la cuota voluntaria. Nosotros no cobramos nada», sentencia para incidir en que hay que buscar alternativas para los centros que se están convirtiendo en guetos.
Familias de la concertada: «El aumento debe ser real y ajustado al gasto que suponen los niños»
La presidenta de Concapa, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Ángela Melero, valora como «un paso hacia delante» el planteamiento del Gobierno y lo esperan «con expectación». «No podemos opinar con argumentos algo que se ha anunciado, pero no se ha firmado aún. Habrá que esperar», señala, pero si se produce reclaman que la inversión se «real y ajustada al gasto que suponen nuestros hijos en los colegios financiados con fondos públicos». Melero precisa que las cuotas voluntarias «no son cuotas. Son aportaciones voluntarias que se ajustan a la ley de donaciones. Todo lo que se salga de una donación no es lícito. El concierto abre los colegios financiados con fondos públicos a cualquier familia que elija ese centro, tanto público como privado, en base a la libertad de elección de las familias sin segregaciones ni diferenciaciones.
La admisión en los centros se ha realizado siempre con transparencia ajustada a la norma establecida», remata.
Profesores de la Pública: «Deben reducirse a lo necesario, a donde no puede llegue la red pública»
La Junta de Personal Docente de León puntualiza: «Han aumentado los conciertos porque la administración ha renunciado a construir y mejorar los centros públicos y únicamente por motivos políticos (para no desairar a los padres y perder votos) no anulan los conciertos innecesarios cuando desciende la matrícula en un concertado. Se da así la paradoja de que algunas plazas de centros públicos e incluso centros enteros se cierran para ahorrar unos euros a costa de la escuela rural, siempre pública, pero no ocurre lo mismo cuando un centro privado ve cómo cae su matrícula de alumnos». «Hemos propuesto en todas las instancias educativas que se revisen las fórmulas de participación de la Administración en la gestión y funcionamiento de los centros concertados. Es necesario reducir su presencia a lo necesario: a las zonas a donde no puede llegar la Enseñanza Pública», señalan los docentes leoneses y añaden: «Si finalmente el gobierno y las patronales de la concertada pactan una subida de subvenciones, pedimos la apertura de las plantillas de los centros concertados al profesorado de la pública que voluntariamente quiera ir».
Profesores de la Concertada: «No es una cuota ni una aportación, es una donación que no es obligatoria»
El secretario general de Fsie, Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, que aglutina a los docentes de la concertada, Ángel Arias, está expectante ante el anuncio del Gobierno e incide en que ese posible aumento del concierto «debe calcularse el coste de la plaza escolar, es lo que sería más realista» a lo que añade que lo que se plantea es aumentar la partida denominada de ‘otros gastos’, con lo que reclama que aquí se tenga en cuenta «una subida salarial para el PAS, para el personal no docente, que tienen una retribución menor a la del profesorado». Al igual que las familias de la concertada, incide en que no existe una cuota, «es una donación, si quieres lo haces, no es obligatorio. Es completamente transparente y en Castilla y León está regulado desde 2010 y de hecho se puede desgravar en Hacienda». Además, defiende también la transparencia en la escolarización, que «se regula por la Dirección Provincial de Educación, por la normativa, pero lo que sí puede elegir cada centro es el baremo principal para los puntos de acceso, como que sean antiguos alumnos, cada uno elige el suyo».