Los conductores del bus urbano se ven «acosados» por el Ayuntamiento

No hay un apartado similar en ninguno de los demás servicios. Pero ahora, desde el pasado día 22 de octubre, la aplicación para teléfonos móviles Mantenimiento Integral de León (MiLeón), creada por la empresa de la millonaria privatización municopal de estas labores, formadas por Seys Medioambiente y Sogesel, dispone de un apartado en el que se pueden presentar las quejas contra los conductores del servio de transporte urbano. «Se trata de un hecho gravísimo, por el cual se nos cosifica y persigue, atentando incluso, por el funcionamiento de la propia aplicación, contra la ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales», alertan los afectados, quienes avisan de que presentarán un requerimiento ante el consistorio y, en caso de que no se retire, presentarán una denuncia en el juzgado.

Los afectados insisten en son «las únicas personas trabajadoras incluidas» en este sistema de quejas, aunque ni siquiera tienen consideración «funcionarios o personal laboral» del Ayuntamiento, sino que pertenecen a una filial de Alsa. «Es denigrante y una persecución laboral. A ningún otro operario más de otros servicios se le puede poner, aunque no se debería hacer con nadie», recalcan.

El centenar de conductores de los autobuses rojos, a los que se suma otra veintena de servicios administrativos, insisten en que se sienten «acosados, ninguneados y atacados». «Incitan a que nos pongan quejas, que no cotejan, y después van seguidas de la apertura de expedientes de sanción y apercibimientos en los que ni siquiera nos podemos defender porque no nos dan siquiera los datos, ni nos llegan con el nombre de quién las cursa», explican desde la sección sindical de CC OO, cuyos servicios jurídicos promueven ya las acciones para defender sus derechos frente a este «acoso».

La entrada en vigor de este apartado de quejas «coincide curiosamente» con la reciente adjudicación por parte del Ayuntamiento de León de un contrato para la «asistencia técnica para definir el modelo técnico, jurídico y financiero del futuro servicio de transporte público urbano». El trabajo, que adjunta una factura de 162.624 euros, debe definir cómo se prestará el servicio, en coordinación con la Junta, después de que el actual compromiso venciera en diciembre de 2021, se prorrogara como compensación por el covid hasta el 1 de marzo de este año y se mantenga de forma tácita, pese a que ocasiona un déficit mensual de 435.000 euros y el alcalde, José Antonio Diez, lo considerara cuando estaba en la oposición como «el peor contrato de España».

La ventana abierta desde la aplicación por parte del Ayuntamiento de León provoca que los conductores se sientan «expuestos» a que les «saquen fotos» durante ele ejercicio de su trabajo y «vulneren» sus «derechos». No niegan que, en caso de que haya una mala praxis, se pueda abrir un expediente con las pruebas oportunas, pero de esta forma se sienten «totalmente indefensos» para poder protegerse de la entrada de posibles acusaciones falsas.