El servicio está garantizado hasta el próximo febrero y podría prorrogarse 9 meses

Como ya hicieron en su día Mapfre, Caser o Sanitas, la atención sanitaria a los funcionarios hace tiempo que arroja un balance de números rojos para las aseguradoras privadas. De hecho Adeslas, Asisa y DKV asegura que de 2021 a 2024 perdieron 600 millones y rechazan renovar el concierto por riesgo de quiebra, según indicaron. Su exigencia de un 40% más quedó muy lejos del 17% que ofreció el Gobierno.

El Ministerio de la Función Pública ha tratado de calmar a los funcionarios, asegurando que pese a que el concierto quedó desierto, todo va a seguir como hasta ahora. Su primera idea es lanzar una licitación exprés, con una mejora económica, que atraiga a las compañías que ahora no se quieren presentar. Si eso no funciona, también se plantea utilizar un recurso previsto en la ley de Contratos Públicos, que contempla la prórroga forzosa en casos de servicios esenciales. Esta ampliación podría durar nueve meses. No obstante, el concierto actual se extiende hasta el 31 de enero de 2025 si las entidades aseguradoras no lo renuevan. Si continuaran, el concierto concluiría el 31 de diciembre de este año. El concierto abarca la atención primaria, la especializada, de urgencia y emergencia, programas preventivos, cuidados paliativos, rehabilitación, salud bucodental, prestaciones farmacéuticas y con productos dietéticos.