El posible fin del modelo Muface amenaza con disparar un 115% las listas de espera sanitarias
Las aseguradoras renuncian al concierto y empujan a la sanidad pública a engullir una bola de 18.741 funcionarios
Editorial: 'A la espera de una 'cura' para Muface'
DKV renunció a Muface. S.P.
Los funcionarios mantienen el aliento para saber qué ocurrirá con su sanidad a partir de febrero de 2025. Y no es para menos, el último golpe de efecto se produjo ayer con la renuncia de las tres aseguradoras privadas que hasta ahora prestaban ese servicio a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), integrada en León por 18.741 personas, al considerar infrafinanciado con 304 millones para el coste por usuario en todo el país.
De modo que se abren dos escenarios, una nueva licitación exprés con un incremento superior al 17% ofertado para el bienio 2025-2026 o la temida extinción del modelo Muface, que empujaría a esos miles de funcionarios de golpe a la sanidad pública. Una compleja digestión que los expertos pronostican que dispararía la ya abultadas listas de espera para pasar por quirófano un 115% y casi el doble las de consultas externas.
Pase lo que pase, el primer mes del año estos mutualistas podrán seguir disfrutando de su asistencia sanitaria como hasta ahora, pero a partir de1 1 de febrero la cosa podría cambiar si no llegan nuevas soluciones que eviten que los beneficiarios de Muface se vean obligados a pasar al sistema público de salud.
Ese paso requeriría incorporar a más profesionales, algo que de por sí resulta difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En atención primaria la cuenta es fácil, con al menos quince médicos y enfermeras más que asumen cupos por encima de mil cartillas. En cuanto a las empresas aseguradoras, los estudios predicen que perderían el 18% de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios mermarían un 8% sus ingresos.
El Sistema Nacional de Salud ya atiende al 30% de los adscritos a Muface que optaron por recibir asistencia en la sanidad pública, de modo que ahora, si se extingue este modelo, debería engullir al 70% restante (12.684) que en la actualidad acude a los médicos de las aseguradoras del concierto (Asisa, Adeslas y DKV). Las tres confirmaron ayer que no se presentan para continuar en la mutualidad. Ya perdían dinero, pero participaban en el convenio porque les permitía tener una masa crítica y una capilaridad que sería difícil adquirir cliente a cliente. Sin embargo, afirman que el incremento de costes laborales, de energía y suministros hace «inviable» asumir la prestación sanitaria de Muface sin un incremento del 40%.
La situación de esta mutualidad es muy similar a la de otras dos de funcionarios: Isfas, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; y Mugeju, de jueces, fiscales y otros empleados de la Administración de Justicia. La primera abarca a 10.097 beneficiarios en León y la segunda a 1.189 (los tres organismos suman 30.027 usuarios de este régimen de colaboración público-privada). En el caso de Isfas y Mugeju, la fecha tope para presentarse al convenio es el 8 de noviembre y Asisa aseguró ayer que sí concurrirá.
La incertidumbre de los funcionarios ya ha causado un repunte de las consultas a seguros privados. Todos los sindicatos, junto con asociaciones de jueces, militares o guardias civiles, han mostrado su profunda preocupación por la falta de aseguradoras candidatas a cubrir el nuevo concierto de Muface. La tensión sobre la no renovación del convenio también afecta a los proveedores: hospitales privados, clínicas, centros de diagnóstico, facultativos autónomos y puede poner en entredicho su viabilidad.