Intervención ve «irregular» la prórroga sin contrato de Diez a la empresa del radar en León

No se trata del primer caso. Hay ejemplos, como el transporte urbano, que se mantiene prorrogado desde el 1 de marzo, pese a que ocasiona un déficit mensual de 435.000 euros y el alcalde, José Antonio Diez, lo consideraba, cuando estaba en la oposición, «el peor contrato de España»; o el aparcamiento subterráneo de San Marcelo, cuya concesión venció el 22 de junio de 2022, después de 50 años, y todavía no se ha reclamado, aunque hubiera supuesto unos ingresos de 841.699,3 euros en este tiempo. Ahora, se suma otro más, como afea el interventor municipal ante la nueva «irregularidad» del equipo de gobierno del PSOE al dejar vencer un contrato sin sacar antes una nueva licitación que evite las prórrogas y haga que, la empresa concesionaria, acumule más ingresos pese a que su plazo se acabó.

El contrato atiende al «servicio de mantenimiento de instalaciones semafóricas, sistema de control de accesos, explotación de la sala de control y sistema de videovigilancia». El compromiso, en el que se incluye la gestión de los cuatro semáforos de fotorrojo y el radar fijo, además de todo el sistema de gestión del tráfico, vence ahora, pero todavía no se ha licitado el nuevo que tiene que dar continuidad a las prestaciones. No hay ni siquiera pliegos de condiciones aprobados ya. A la espera de que se presenten, como pronto en el primer semestre de 2025 podría adjudicarse y que entre la nueva concesión, más de medio año de propina que no le corresponde a la empresa actual, Kapsch Trafficcom Transportation SAU, la antigua Telvent.

En este escenario, la última junta de gobierno local, presidida por Diez, aprobó la «autorización y disposición de un gasto por importe de 468.056,51 euros para hacer frente a las obligaciones derivadas» de esta encomienda desde diciembre de 2023 a septiembre de 2024.

El acuerdo cuenta con el informe favorable del interventor municipal, máxima autoridad en el control financiero del Ayuntamiento de León, pero con la apostilla de que «la propuesta se corresponde con una prestación extemporánea». «Es decir, una prestación realizada una vez finalizada la vigencia del contrato que la amparaba», aclara el alto funcionario, quien abunda en que ya ha advertido «reiteradamente, de esta mala práctica administrativa de iniciar el nuevo expediente de contratación en fechas próximas al vencimiento del vigente».

El responsable de Intervención insiste en que «esta práctica da lugar a que se deba prorrogar irregularmente el contrato vencido hasta la adjudicación y entrada en vigor del nuevo». Pero, como argumento para no bloquear el pago, el funcionario apunta que «se justifica la autorización y disposición del gasto en que la situación contraria daría lugar a un enriquecimiento injusto de la Administración, puesto que el servicio es imprescindible, está siendo efectivamente prestado y la demora en el pago da lugar al devengo de intereses de demora».

La mecánica hace que, pese a que ya se han agotado sus cuatro años de vigencia, más los dos años de prórroga santificada por el gobierno municipal, la cuenta no se haya cerrado por ahora con Kapsch Trafficcom Transportation SAU. La multinacional, que acumula de manera histórica todos los contratos de multas y disciplina del tráfico, supera ya los 3,5 millones de euros de ingresos, a razón de 588.210 euros por ejercicio, a mayores de los cuales factura una cantidad por superar los máximos: 0,8741 euros por cada sanción que supera las 600 mensuales en cada fotorrojo y 2,5667 euros por cada multa del radar fijo que sobrepase esta misma cifra límite.

El nuevo contrato superará los cuatro millones de euros para los próximos cinco años. Junto con el radar y los cuatro fotorrojo, las 23 cámaras de videovigilancia contra el vandalismo del caso histórico, las 14 de control del tráfico, los 67 semáforos y los 13 dispositivos de acceso a la ciudad antigua y los 7 de Ordoño II, el nuevo compromiso se actualizará con los equipos recién incorporados: el centenar puesto en la zona de bajas emisiones, las que se estrenarán en San Agustín, Alfonso V, Ramón y Cajal y Ramiro Valbuena y la veintena de dispositivos de inteligencia artificial, ligados al proyecto de la smart city.

La suma superará las 200 cámaras dentro del gran hermano de videovigilancia montado por el equipo de gobierno de Diez. Todas, por ahora, quedan bajo el control de Kapsch, al menos hasta que la prórroga siga.