Diario de León

El PP denuncia que se pretende eliminar 90% de paradas de autocar en 40 municipios de León

Transporte de viajeros por carretera.

Transporte de viajeros por carretera.J. F. S.

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El PP logró ayer el respaldo mayoritario de las Cortes de Castilla y León a la Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Gobierno que retire el borrador del Mapa Concesional Estatal del Servicios de Transporte Público Interurbano de viajeros por carretera que contempla la eliminación del 90% de las paradas actuales y que afectaría a 40 municipios leoneses.

El PP ha explicado, a través de un comunicado, que el borrador ya se presentó en el año 2022 aunque se consiguió 'parar' debido al rechazo manifiesto de todos los grupos políticos.

El pasado mes de abril, desde el ministerio que dirige Oscar Puente se reactivó con el mismo contenido del año 2022 y que supone que 55.000 leoneses se quedarían sin estas paradas que actualmente existen, según los datos recogidos en la PNL del PP.

"El documento que maneja el Gobierno supone que la provincia de León pasaría de 98 paradas para los servicios interurbanos repartidas en 40 municipios a una cifra de 10, lo que supone un corte masivo del 90% respecto a la cifra actual", ha remarcado el procurador leonés Antonio Mendoza.

El político ha incidido en la repercusión que tendrá "esta situación en el medio rural, donde los criterios no sólo tienen que ser económicos".

León es, junto con Palencia, la provincia más afectada por el recorte de paradas ya que se eliminarían 9 de cada 10 frente al 71% de media en Castilla y León, donde el documento que maneja el Gobierno contempla la eliminación de 474 paradas en 346 municipios con más de 213.000 habitantes que se quedarían sin paradas.

El borrador del Mapa Concesional Estatal recoge que se eliminarían, entre otras, paradas en Almanza, Boñar, Cistierna, Matallana de Torío, Oseja de Sajambre, Riaño, La Robla, Sahagún, Santa María del Páramo, Toreno, Valverde de la Virgen, Vega de Valcarce, Villablino o Villamanín.

La PNL apunta que la proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que promueve el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a la asunción de esos servicios que antes operaban las concesiones estatales.

Por ello, la propuesta aprobada ayer en las Cortes exige al Ministerio de Transportes que convoque "de manera urgente" la Conferencia Sectorial del Transportes para que, conjuntamente, Gobierno y comunidades aborden de una manera conjunta el nuevo modelo de movilidad.

La tercera petición que se recoge en la PNL es que el Gobierno "establezca un marco estable y permanente de financiación" para garantizar el mantenimiento del 100% de los servicios de transporte.

El documento también recoge que estos servicios cuestan, según el Observatorio de Transporte de Viajeros en Autocar, 110 millones de euros en toda España.

Frente a ello, prosigue el texto, el Gobierno ha ofrecido a través del Ministerio de Transportes una aportación conjunta de 25 millones de euros de forma temporal, "lo que supone apenas el 23% de lo necesario, con el añadido que no es una aportación permanente ni estable como debería", ha concluido Mendoza.

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