Un precedente por motivos económicos
El rechazo de Asisa, Adeslas y DKV a continuar en Muface ha sentado un precedente en la historia del mutualismo. Las tres entidades declararon motivos económicos para reforzar su argumento. «Íbamos a tener pérdidas millonarias y no íbamos a poder dotar a los mutualistas de la mejor calidad asistencial», declararon. Sanitas, Mapfre y DKV han hecho la misma referencia a la hora de explicar su «no» a continuar en Mugeju. Ambas han tachado las condiciones para el siguiente bienio (2025-2026) como una «infrafinanciación». De esta forma, tan solo Nueva Mutua Sanitaria, Asisa y Adeslas continuarán dotando de este tipo de servicios sanitarios a jueces, fiscales y trabajadores de la Administración de Justicia.
El concierto sanitario de Isfas no ha sufrido las mismas consecuencias que Mugeju. En su caso, la mutualidad, que engloba a cerca de 11.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en León y a sus respectivos beneficiarios, continúa como hasta ahora. Asisa y Adeslas proseguirán dotando de asistencia a los mutualistas. El organismo público de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado está integrado en León por 7.992 hombres y 10.479 mujeres a los que viene prestando asistencia sanitaria y social.
La mayoría, más de un 70%, opta por la sanidad concertada. Un 34% eligió el pasado concierto Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank), un 25% Asisa (controlada por la cooperativa de médicos Lavinia) y un 13,2% por DKV (propiedad de la alemana Munich Re). El restante 28% prefirió la sanidad pública.
La secretaría de Estado de Función Pública saca nuevos conciertos para prestar esa asistencia y pueden concurrir aseguradoras de salud, a las que la mutua abona una prima por persona protegida (984 euros de media al año por beneficiario en el último concierto), mientras el coste por ciudadano en la pública es de 1.608 euros.