Pintan bastos para el mutualismo: la atención sanitaria del 70%, en el aire

La mutualidad de jueces, fiscales y empleados de la Administración de Justicia entra en crisis. Casi la mitad de los integrantes de Mugeju tendrán que buscar una alternativa para sus servicios sanitarios de cara a 2025, tras la salida de tres de las seis aseguradoras que formaban parte del concierto, Mapfre, DKV y Sanitas. De modo que la Mutualidad General de Justicia, que aglutina en León a 1.189 personas, sigue unos pasos parecidos a su hermana mayor Muface (la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, que engloba a 18.400 de estos empleados), y que se quedó «vacía» de aseguradoras la pasada semana, lo que sentó un precedente desconocido hasta ahora que pronostica la llegada de un auténtico «pueblo» a la sanidad pública.

Pintan bastos para el mutualismo, porque la atención sanitaria del 70% de adscritos en la provincia está en el aire y puede provocar movimientos en la balanza público-privada, ya que cada final de año tienen la opción de buscar un nuevo seguro o integrarse en el Sistema Nacional de Salud. Sólo se salvan, y de momento, los del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).

Estas fugas ponen en entredicho el modelo de las mutualidades, como refleja que el concierto de Muface se quedara desierto, a falta de conocer las nuevas condiciones que lanzará el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López. Y a ello se suma ahora que Mugeju pierde a la mitad de las entidades de la licitación anterior arastrada por la crisis de Muface. De ahí que los funcionarios de este ámbito coinciden en que la situación es «desesperanzadora».

Para Csif, «la situación pinta muy mal. Todo el mutualismo va a morir por la inanición del Gobierno», advierten, y recuerdan que hace años, Muface contaba con seis aseguradoras, pasó a tres y ahora no tiene a ninguna. Por eso opinan que «Mugeju sigue el mismo camino». El sindicato ve que «a nuestro sistema sanitario se le están reventando las costuras porque los parches que se colocaron en los últimos años no sirven. Y si pasan a todos los mutualistas a la sanidad pública, el sistema entero va a colapsar».

De ahí que pidan al Gobierno «reflexionar sobre la situación en la que se encuentra el mutualismo y buscar soluciones para mejorar la oferta a las aseguradoras».

Los pliegos para la renovación de los conciertos sanitarios de Mugeju e Isfas ya contienen varios cambios. El primero es el tiempo de vigencia de sus contratos. Ambos pasan de tres a dos años, lo que constituye «una muestra más del declive y de la infrafinanciación de la mutualidad», valora una jueza. Por otro lado, la cuantía económica también ha variado un 17,2% al alza. Ahora Mugeju dispondrá de un monto global para 2025 y 2026 de 175 millones de euros, mientras que Isfas manejará 1.376 millones.

En Muface, el Ministerio de la Función Pública ha tratado de calmar a los funcionarios, asegurando que pese a que el concierto quedó desierto, todo va a seguir como hasta ahora. Su primera idea es lanzar una licitación exprés, con una mejora económica, que atraiga a las compañías que ahora no se quieren presentar. Si eso no funciona, también se plantea utilizar un recurso previsto en la ley de Contratos Públicos, que contempla la prórroga forzosa en casos de servicios esenciales. Esta ampliación podría durar nueve meses. No obstante, aunque no se renueve el concierto actual, éste se extiende hasta el 31 de enero de 2025. Si continuaran, el concierto concluiría el 31 de diciembre de este año y abarca atención primaria, especializada, de urgencia y emergencia, programas preventivos, cuidados paliativos, rehabilitación, salud bucodental, prestaciones farmacéuticas y dietéticas. Los funcionarios contienen el aliento para saber qué ocurrirá en febrero