Así es el plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León para 2025

La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha fijado este miércoles el plan de actuaciones que se llevará a cabo durante el próximo año 2025 y en el que se incluyen un total de 40.164 inspecciones orientadas a mejorar la calidad del empleo de los trabajadores de Castilla y León, según han informado desde la Junta.

Esta comisión es el órgano de cooperación entre la Administración autonómica y la Administración central, cuyo fin es el de evaluar y planificar de forma coordinada las actuaciones inspectoras que se desarrollan en cada ejercicio, y que tiene su marco regulatorio en el convenio firmado entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad autónoma.

En la reunión han participado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; la directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, María Pita; y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios. Durante la comisión, además de planificarse el programa de inspecciones que se llevará a cabo durante el próximo ejercicio, se han analizado los resultados de las actuaciones realizadas entre enero y octubre de este año, que se han saldado con un balance de 6.346 infracciones.

El programa de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2025 contempla la realización de un total de 40.164 inspecciones, todas ellas orientadas a mejorar la calidad del empleo de los trabajadores de Castilla y León. En este sentido, se incidirá de forma especial en las acciones encaminadas a reducir la siniestralidad y mejorar la salud laboral, así como en la lucha contra el trabajo sumergido o irregular, y en la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación en el seno de las empresas.

Esta planificación ha sido previamente consensuada con los agentes económicos y sociales del diálogo social –CEOE Castilla y León, CCOO y UGT– en el seno de la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Consejo Regional de Trabajo.

Entre las principales novedades para el próximo año cabe destacar el aumento del peso de los programas de competencia autonómica, que alcanza el 50 %, asignándose a la prevención de riesgos laborales el 55 % de las acciones autonómicas programadas y el 45 % restante a las relaciones laborales. Mientras, por parte de la Inspección de Trabajo se llevará a cabo un incremento en el número de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral.

En materia de prevención de riesgos laborales se ha planificado un aumento efectivo en el número de expedientes programados del 1,7 %, hasta alcanzar las 9.877 actuaciones, a las que hay que sumar otras 1.054 no programadas. Además, se han actualizado los sectores de actividad económica objeto de las actuaciones inspectoras y se han incluido cuatro nuevas campañas: control de riesgos en nuevas ocupaciones –vinculada a la transición ecológica y digital–, exposición a fibras de amianto, exposición a gas radón, y exposición a otros agentes cancerígenos mutágenos y reprotóxicos.

En materia de empleo y relaciones laborales, se han programado un total de 9.057 actuaciones, lo que representa un incremento cercano al 2 % en actuaciones programadas con respecto al presente ejercicio. En este ámbito, las actuaciones se centrarán en la lucha contra el abuso y el fraude en la contratación, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, y la lucha contra la discriminación por razón de género u otras circunstancias. En este capítulo cabe destacar, además, un incremento de más del 22 % en las actuaciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la incorporación de dos nuevas campañas, una para controlar los abusos en el periodo de prueba y otra para luchar contra las condiciones discriminatorias de personas LGTBI.

En materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y la economía irregular, en sus distintas versiones –falta de alta, cotizaciones, prestaciones, encuadramientos indebidos, etc.–, se han planificado un total de 9.928 actuaciones, con un incremento en las programadas del 1,78 % respecto al año 2024.

Finalmente, en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, se programan un total de 10.011 inspecciones. Éstas estarán centradas en las nuevas modalidades de prestación de trabajo y en las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena, que incluyen actuaciones para detectar situaciones de falsos autónomo y falsos becarios, así como el fraude en la prestación de trabajo transnacional.

En el transcurso de la reunión también se han analizado los resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León en el año 2024, durante el periodo entre enero y octubre. Durante esos 10 meses se han contabilizado un total de 6.346 infracciones, lo que representa un incremento del 4,5 % con respecto al año anterior.

Dentro de este balance cabe destacar el incremento en el número de expedientes sancionadores en el campo de la seguridad y salud laboral, en concreto, en un 5 %, con un total de 1.898 infracciones. Además, se han realizado 14.551 requerimientos para subsanar las deficiencias o irregularidades detectadas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que supone un incremento de más del 30 %.

En materia de relaciones laborales, cuya competencia inspectora corresponde a la Junta de Castilla y León, se han transformado en indefinidos un total de 5.685 contratos que previamente estaban catalogados como temporales o fijos discontinuos. Además, se han detectado 570 infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo, y en el programa de incumplimientos salariales se han recuperado salarios debidos e impagados a los trabajadores por un valor de más de 2 millones de euros.

En las materias competencia exclusiva de la Administración General del Estado, se han realizado 10.815 actuaciones para luchar contra el empleo irregular o sumergido. Fruto de dichas actuaciones han aflorado 5.118 empleos que estaban en situación irregular –ocultos sin declarar a la Seguridad Social–, lo que supone un aumento del 32 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al número de infracciones empresariales relacionadas con personas de nacionalidad extranjera sin autorización para trabajar, se han detectado 457 frente a las 393 detectadas durante el 2023, lo que representa un incremento de más del 16 %, siendo del 66 % en 2023 con respecto al ejercicio anterior y del 85,9 % en 2022 respecto al ejercicio de 2021".