La sentencia histórica que hace justicia a los guardias civiles que lucharon por sus derechos

Casi 40 años de lucha han tenido su recompensa en una ley, ya publicada en el BOE. Se trata de la que reconoce a los guardias civiles que lucharon desde la clandestinidad por sus derechos y, aunque muchos ya se han conseguido, estos agentes creen que aún queda mucho camino por recorrer.

Ha sido en la ley del Derecho de Defensa donde los legisladores, a instancias de Sumar, han incluido una disposición que rehabilita a antiguos guardias civiles expulsados del cuerpo por su lucha sindical en los años 70 y 90.

Quedan así rehabilitados de las sanciones de separación del servicio José Morata Gargallo, Manuel Rosa Recuerda, José Piñero González y Manuel Linde Falero, este último fallecido.

En términos prácticos, a los agentes se les procederá a actualizar las pensiones, ya que nunca consiguieron que se les retribuyera con carácter retroactivo el sueldo que dejaron de percibir desde que fueron expulsados del cuerpo.

Como explica uno de ellos a EFE, José Morata, los 450 y 500 euros mensuales que ha venido cobrando "para vivir como hemos podido", se incrementarán entre 800 y 1.000 euros para una jubilación "digna". "Con eso ya me siento gratificado", apostilla.

"Aunque sea tarde, al final se ha resuelto y ya no hay marcha atrás", reconoce Morata antes de recordar que ha estado años y años hablando con los grupos parlamentarios de uno u otro signo. "Siempre nos hacían promesas de que esto se iba a arreglar, pero hasta ahora no lo han hecho".

Alejandro Borja no está entre esos cuatro agentes resarcidos, pero, como Morata, pisó la cárcel militar y también ha estado todos estos años en primera fila de esa lucha.

Como no pudieron expulsarle, "me pasaron por psiquiátrico militar tres veces y al final me echaron a la calle por enfermo".

"Después de tantos años de lucha, de tanto que nos han dado por todas partes, de tantas detenciones, expedientes gubernativos, faltas graves, etcétera, se ha dado un paso adelante", pero "aún faltan muchas cosas, reflexiona Borja.

1986: la detención del cabo Rosa enciende la protesta

Manuel Rosa es uno de los guardias rehabilitado. Y fue él quien promovió la creación de la Unión Democrática de la Guardia Civil (UDGC). Fue encarcelado durante años y llegó a acumular 22 expedientes disciplinarios.

Rosa fue detenido -recuerdan Morata y Borja- cuando se encontraba con diputados de Izquierda Unida y miembros de Comisiones Obreras en una cafetería de Madrid en la que querían presentar los estatutos de la UDGC.

Morata estaba en Castellón y con unos compañeros quiso montar una delegación de la UDGC en esa provincias. Pero como nunca llegó a legalizarse, "tuvimos que dar el paso de actuar en la clandestinidad" con el llamado Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).

Una organización que se fue extendiendo por toda España. No gustó mucho a la Dirección General del cuerpo y entre finales de 1988 y 1989 se desplegó la llamada "operación Columna" para intentar "desmontar" el sindicato, añaden estos dos agentes .

Cuarenta miembros del SUGC fueron arrestados, pasaron por distintas cárceles militares y se les abrió un sumario por sedición.

Pero tres años más tarde -prosiguen- los juzgados militares les absolvieron. Los expedientes "se perdieron" -entre ellos el de Borja, al haber caducado-, pero algunos seguían vigentes y sus titulares fueron expulsados del cuerpo. Es decir, los cuatro a los que la ley del Derecho de Defensa ha rehabilitado.

No obstante, estos guardias perseveraron en su lucha. Organizados, llegaron a crear la Coordinadora de perjudicados por la gestión de Luis Roldán, Coproper. Fue el germen de lo que es hoy la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), constituida para defender los derechos de los agentes.

¿Para cuándo sindicatos y desmilitarización?

¿Cuál debería ser ahora el siguiente paso tras esa lucha? Ambos lo tienen claro: que haya sindicatos en la Guardia Civil -la ley solo permite las asociaciones profesionales- y que el cuerpo se desmilitarice.

Morata acude a la doctrina del Tribunal Constitucional para asegurar que nuestra Carta Magna no prohíbe explícitamente la sindicación en el instituto armado, así que "esa lucha la mantenemos".

Boja es tajante y dice que no pararán hasta conseguir esos objetivos. "Por la edad que tenemos (70 años) posiblemente nos tengamos que ir al otro barrio antes, pero seguiremos intentando la sindicación y la desmilitarización del cuerpo".

Y es que, en su opinión, esto podría negociarse, porque hay cuerpos militares en Europa que están sindicados.