Sanidad quiere pasar a la Seguridad Social a 20.000 leoneses de Muface

El Ministerio de Sanidad abre la puerta por primera vez en la historia a desmantelar Muface en septiembre de 2025, lo que obligaría en León a 18.741 funcionarios y sus familias cubiertos por el sistema -en el que pueden elegir entre pública y privada- a acudir a la sanidad pública. La cartera dirigida por Mónica García reconoce en un informe que Muface, que agrupa a 1,5 millones de beneficiarios en toda España, es inviable económicamente. «El modelo en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso», indica el documento.

El análisis ha sido elaborado tras el rechazo de las aseguradoras privadas -DKV, Asisa y Adeslas- a seguir prestando este servicio, al considerar que la mejora del 17% en las primas planteadas por el Gobierno para los próximos dos años seguirá generando pérdidas al sector. Tras la propuesta del Ejecutivo, ninguna de las tres -ni tampoco otras aseguradoras- se presentaron a la nueva licitación, lo que dejó el concurso completamente desierto y abrió una crisis que, además, arrastra también a la mutualidad de jueces, fiscales y empleados de la administración de Justicia (Mugeju), con 1.189 titulares en la provincia leonesa. Ante esa situación inédita, que deja en el aire la atención sanitaria al 70% de los mutualistas en León y podría disparar las listas de espera un 115%, Sanidad considera que si la financiación que se destina a los mutualistas que optan por un seguro privado se transfiriera a la pública, el Sistema Nacional de Salud (SNS) «debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición». Es decir, sugiere que el Estado inyecte en la sanidad pública los 2.726,5 millones que ofreció a los seguros privados para atender a los mutualistas, tanto nacionales como los que residen en el extranjero, los dos próximos años.

No obstante, ve necesario realizar un «análisis concreto» de lo que supondría en cada una de las comunidades autónomas la absorción de esta población, teniendo en cuenta todas sus particularidades, como la menor carga de morbilidad (en referencia a la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado). También abogan por acometer este movimiento de forma gradual, haciendo uso de una prórroga de nueve meses (hasta septiembre de 2025) del concierto actual de Muface e incluso llegando a acuerdos puntuales con las aseguradoras privadas para que sigan tratando los casos más difíciles y crónicos. «Poner al paciente en el centro en la transición puede reducir los posibles errores y favorecer el aprovechamiento de las virtudes del SNS, tales como la presencia de la Atención Primaria, factor diferencial con respecto al régimen mutualista de aseguradora privada», argumenta el ministerio.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó que «hay que hacer una incorporación calendarizada, identificando a los pacientes más vulnerables, que sí que necesitarían ser los últimos en transitar», reconociendo que esto supondría un incremento del 2,1% en la población bajo el paraguas sanitario de la Seguridad Social. En cualquier caso, la última palabra depende del departamento de Transformación Digital y Función Pública, que guarda silencio.