Sólo Vox votó en contra de la propuesta que afecta a la cobertura del órgano de fiscalización
UPL desata las manos al alcalde de León para colocar a dedo al interventor y el PP se pone de perfil
El PSOE consigue sacar el acuerdo que cambia la provisión pese a la oposición de la parte sindical
No podía hacerlo en solitario el PSOE. Pero, entre PP y UPL le dejaron al equipo de gobierno de José Antonio Diez vía libre para poder colocar a dedo al interventor municipal del Ayuntamiento de León. Los populares se abstuvieron, lo que permitía a los socialistas sacar en solitario adelante la medida. Pero, por si no fuera suficiente, los leonesistas decidieron secundar la propuesta que permitirá la provisión del puesto de trabajo, cuyo titular actual ha firmado informes críticos en contra de la gestión municipal, mediante «libre designación», en lugar de tener que someterse al sistema de concurso que desarrolla el Ministerio de Función Pública para garantizar la independencia del órgano de control. Sólo Vox se opuso.
De nada sirvió que, dentro de la mesa general de negociación, en la que están representados los sindicatos, la parte social votara en contra. Este jueves se volverá a llevar el informe al mismo órgano, aunque su criterio no es preceptivo, como ya se vio en la aprobación de la última Oferta Pública de Empleo (OPE). Esta vez fue Csif el que se opuso e hizo valer su mayoría, tras la aparición de un informe de última hora en el que se consagra que suman cuatro delegados en el órgano, no tres. Ganan uno a costa de CC OO, que apoyó al gobierno de Diez, pero sin que pudiera ayudar a que saliera adelante el plan como estaba previsto, al abstenerse UGT y dejar los respaldos en minoría.
Ahora, el acuerdo tendrá que llevarse a la comisión informativa de Hacienda, con independencia de qué nuevo resultado haya en la mesa general de negociación del jueves. Si no hay cambios en el sentido de voto, el gobierno de Diez no tendrá problema para que prospere el acuerdo y, la próxima semana, se ratifique en el Pleno municipal. Aunque después deberá pasar el filtro de la administración autonómica, ante la que se hará constar que ya tiene el permiso previo del Ministerio de Hacienda.
El interventor, que ha censurado decisiones del gobierno de Diez, seguirá hasta jubilarse, pero luego habrá vía libre para que escoja quien mande
El juego de las mayorías políticas hará que la forma de provisión del puesto de intervención, el órgano de control fiscal y presupuestario más importante de la administración municipal, pueda resolverse a discreción de quien gobierne. No ahora, dado que el actual titular, Gabriel Menéndez Rubiera, tiene la plaza en propiedad, lograda por concurso promovido por el ministerio y prorrogaba por cinco años al llegar a la edad de jubilación, pero sí una vez que se jubile de forma efectiva. Entonces, quien mande, PSOE, PP, UPL, Vox o quien entre, se librará de un interventor independiente de sus decisiones.
La edil de Vox vio «obsceno» el acuerdo, los leonesistas apoyaron sin valorar y el PP se inhibió en un decisión que puede beneficiarle si gobierna
El acuerdo se inscribe no sólo en la tensión actual entre la Alcaldía y el titular de Intervención, que en las últimas semanas ha emitido informes como el que cuestiona la prórroga irregular de diferentes contratos con empresas una vez rebasado su plazo, como el de los radares y fotorrojos. El cambio se da en medio de la polémica que afecta al servicio, tras bloquear ante la justicia el Ayuntamiento de León la incorporación del nuevo viceinterventor, cuyo concurso promovió el ministerio.
Un informe de última hora revirtió el reparto de delegados. Csif subió a 4 y CC OO bajó a 3. Eso tumbó el acuerdo en la parte social porque UGT se abstuvo
Aunque la plaza la ocupa, en comisión de servicios, otra funcionaria a la le vence la segunda prórroga este mismo jueves, pero que acaba de ser designada por el gobierno municipal presidenta del nuevo tribunal que debe volver a corregir los exámenes de selección del intendente jefe de la Policía Local, debido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuyo recurso de casación en contra no admitió el Supremo, establece que hubo «irregularidades» en el proceso que colocó a Miguel Ángel Llorente Pellitero en el puesto.
En medio de toda esta polémica laboral, el acuerdo promovido por Diez se ampara «la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican el sistema de libre designación, en relación con el contenido del puesto de trabajo, el carácter directivo del mismo, con arreglo a la legislación estatal del régimen local y su especial responsabilidad», dado que «el Ayuntamiento de León, como capital de provincia y entidad de gestión compleja, enfrenta desafíos de gestión». «Estos retos requieren la presencia de personal directivo altamente capacitado. Para responder a estas necesidades, resulta adecuado que el puesto de intervención sea cubierto mediante libre designación, permitiendo seleccionar a un funcionario que, además de cumplir los requisitos técnicos, posea habilidades específicas de liderazgo y gestión estratégica», se cita en el documento que permite al gobierno municipal influir en el modelo de selección del interventor. Pero, este miércoles, sólo la portavoz de Vox, Blanca Herreos, dejó constancia en la reunión de que es «obsceno» lo que se trata de hacer.