UPL acusa de oscurantismo en las facturas de los móviles al consistorio

Dentro de los mecanismos que configuran el sistema democrático español, la UPL contempla acudir al último de ellos, la vía judicial, para resolver la ausencia de respuesta a su solicitud de facturas de los teléfonos móviles con cargo al ayuntamiento, desglosadas por meses y concejales que utilizan cada una de las líneas contratadas. El portavoz de la UPL en el ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Luis Herrero Rubinat, remitió formalmente a la alcaldía, con fecha de 5 de noviembre de 2002, la petición, que se apoya en los artículos 77 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 14 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Con arreglo a estos artículos, el consistorio cuenta con cinco días de plazo para resolver el asunto, rechazando motivadamente o mediante el silencio administrativo, que supone la aceptación. Dado que el despacho de la UPL en el municipio no ha recibido ninguna contestación, se entiende que el consistorio no tiene ningún reparo en atender a la solicitud, aunque los leonesistas consideran que el plazo transcurrido es demasiado largo y transgrede su derecho. En el mismo documento, Luis Herrero Rubinat solicita también las facturas de restaurantes, bares, tiendas de alimentación y de bebidas; así como las dietas percibidas por cada concejal en concepto de viajes, estancias, comidas, pernoctaciones y billetes de transporte público, con expresión del motivo del devengo de las mismas. El ayuntamiento pide calma Desde el equipo de gobierno se pide tranquilidad a la UPL con respecto a su petición. Manuel Rubial, en delegado provisional de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, apuntó ayer como motivo del retraso «la baja de Antonio Balboa, que es el encargado de la concejalía que trata esos temas», a la vez que se afirmó con rotundidad que «el ayuntamiento no tiene nada que esconder po lo cual pueden estar tranquilos que se les va a dar lo que piden».