Millón y medio de familias pierden poder adquisitivo

Los precios subieron en el mes de diciembre en casi todas las provincias de Castilla y León, especialmente en Soria (0,5%) y en Valladolid (0,4%), mientras que en Burgos la subida fue del 0,0% en el mismo periodo y en León del 0,1%. En el conjunto nacional los precios subieron sobre todo en Gerona y Barcelona, con incrementos de 0,7% y 0,6%, respectivamente, en tanto que la inflación al terminar el año 2002 fue más alta en Teruel (4,9%) y Lérida (4,8%). En el conjunto del Estado, el IPC subió en diciembre un 0,3%, con lo que la tasa de inflación acumulada en el año pasado fue del 4,0%. Por el contrario, las tasas más bajas al finalizar el año se registraron en Burgos (2,29%), Palencia (3,0%) y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, ambas con un 3,2%. La desviación de los precios en dos puntos y en un 100%, en el año 2002, supondrá un desembolso mínimo para los empresarios de 1.500 millones de euros a distribuir -vía cláusulas de revisión- entre unos 5,5 millones de trabajadores, según se desprende de los primeros cálculos realizados. El Gobierno situó en 0,8 décimas la retribución media adicional que recibirán los asalariados con convenio colectivo. Además, según quién facilite los cálculos la traducción del desvío es diferente. Por ejemplo, CC. OO. recuerda que los empresarios «al inclinarse por beneficios rápidos han provocado no sólo tener que pagar un dinero adicional a los trabajadores sino también incrementar sus cotizaciones a la Seguridad Social». Menos poder adquisitivo CC. OO. aseguró ayer que un total de 1.405.139 trabajadores perderán poder adquisitivo por tener pactados incrementos salariales inferiores a la tasa de inflación final de 2002 (4%) y no disponer en su convenio de cláusulas de revisión salarial para corregir esta situación. El sindicato explicó que perderán poder de compra muchos funcionarios que vieron «limitada» su subida en 2002 a la previsión de IPC del Gobierno, y que no contaban con cláusula de revisión. Según CC. OO., también se verán afectados por el descontrol de la inflación los perceptores del salario mínimo interprofesional, sobre los que el Ejecutivo no aplica «su obligación legal» de revisar la cuantía de esta renta en función de los precios, así como una parte de los trabajadores con contrato temporal.