El derribo de la casa de San Pedro aguarda un acuerdo de expropiación

Alrededor de seis años lleva ya la construcción de la familia de los Porreros adosada a la iglesia de San Pedro. Una estructura de hormigón -diseñada para dar cabida a un edificio de dos viviendas y locales- que daña la imagen de unidad del casco antiguo y el conjunto histórico del propio templo. Además, los vecinos creen que el asunto debe tener ya una solución porque -explican- perjudica el diseño urbanístico de los barrios colindantes. El concejal de Urbanismo comentó ayer que este espacio, ocupado ahora por un esqueleto de hormigón, debe ser demolido, ya que una modificación aprobada en el Pleno dentro del Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo -obligada por la gran contestación social una vez que se conoció que el Ayuntamiento había dado permiso para esta construcción- declaró el espacio como libre público, donde no podrá volver a edificarse jamás. Indicó, además, que desde que la obra fue paralizada el Ayuntamiento abrió un expediente para su expropiación y posterior demolición. Actualmente, los técnicos del área de Urbanismo trabajan en la relación de bienes a expropiar y en fijar la cantidad que la institución municipal debe pagar para llegar a un mutuo acuerdo con los propietarios. Si la familia dueña del solar y la institución no están de acuerdo con el dinero, el caso podía acabar en el Jurado Provincial de Expropiación, que será entonces el encargado de fijar el justiprecio. En caso de que no vuelva a aceptarse, el Ayuntamiento podrá ya depositar la cantidad en la Caja General de Depósitos y proceder a ocupar la finca y derribar. La familia podría recurrir. De todas formas, Vallejo recuerda que este tipo de expedientes son «muy complejos». La casa fue paralizada hace cuatro años cuando contaba con todos los permisos en regla. En su día, uno de los arquitectos municipales había fijado el precio de la expropiación en casi 188.000 euros (31,2 millones de pesetas), mientras que la familia reclamaba 815.000 euros (algo más de 135 millones de pesetas). Este proceso urbanístico -desde años objeto de la discordia- tiene su origen en 1993 con la junta de propietarios de La Palomera. La contestación social radica en su ubicación estratégica, no sólo al lado de la iglesia, sino también en la bifurcación de las calles José María Fernández y San Pedro y a pocos metros de Puerta Obispo y la propia Catedral. Cuando el derribo se haga efectivo, el entorno de la iglesia de San Pedro será beneficiado con un espacio libre que probablemente acabe siendo una rinconada verde con amplio mobiliario urbano.