Nueve de cada diez edificios tendrán que adaptar las antenas de televisión

Comunidades de vecinos y propietarios de viviendas unifamiliares son el objeto de una nueva campaña lanzada este mismo mes por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para informar sobre los cambios que se avecinan con la implantación de la televisión digital, el único tipo de señal que se emitirá a partir de diciembre del 2011 y que ya está obligando a los constructores a integrar en los nuevos edificios los sistemas de alta tecnología audovisual, conocidos ya como la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT). La adaptación dependerá de cada instalación concreta, aunque en cualquier caso el equipamiento mínimo consta de un cofre con capacidad para doce módulos, una segunda fuente de alimentación, un amplificador modular selectivo para canales adyacentes, conectores, puentes y otros pequeños ajustes del servicio. Al coste mínimo de unos 360 euros habrá que añadir entre 60 y 70 euros más si se tiene que comprar una nueva antena que sustituya a la antigua, muy limitadas respecto a la capacidad de recepción de señales. Cada amplificador adicional -casi siempre para edificios con muchos vecinos- tiene un coste estimado de 130 a 200 euros, ya que varía en función de que se instale en el transcurso del montaje inicial o en trabajos posteriores, que suelen llevar un coste adicional. A tenor de las licencias de obra concedidas con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto sobre infraestructuras de telecomunicación (R.D. Ley 1/98, de 27 de febrero), menos del 10% de las viviendas está adaptada a la nueva tecnología. Del 90% restante, un 3% de los edificios disponen de amplificadores de banda ancha -dan problemas porque recogen todo tipo de señales, incluidas las sucias- y el 87% tienen cabeceras de equipos modulaers. De ellos, aproximadamente el 45% tienen la toma de la línea dentro de la vivienda, que a su vez está conectada a la de los vecinos, y un 42% tienen la línea conectada a una instalación común en el portal, concluye el informe avanzado por el presidente provincial de los instaladores de telecomunicaciones, José Miguel Mateo Pedroche. Desde el ministerio no se planea aplicar, de momento, ningún tipo de incentivo fiscal, por lo que el coste recaerá íntegramente en el consumidor final. Sin embargo, ha editado miles de folletos, en los que informa sobre la creación de un registro con las empresas instaladoras legalizadas.