El abismo de la accesibilidad León carece de una ordenanza de supresión de barreras y aún autoriza diseños impracticables

LEÓN. Ana Gaitero Redacción Un total de 39.196 personas viven con algún tipo de discapacidad en la provincia de León. En la gran mayoría, más de 27.000 habitantes de la provincia, esta limitación es de tipo físico, pero además hay, según datos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, otras 6.910 personas con una discapacidad psíquica, 2.827 ciegos y personas con una limitación visual y 1.832 con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad suponen casi el 7% de la población leonesa, ciudadanos y ciudadanas cada vez menos invisibles porque «en los últimos cinco años se ha avanzado más que en 20», señala la asesora del Procurador del Común, Carmen Morán. Su silla de ruedas no le ha impedido incorporarse al mundo laboral y ser la persona que más de cerca conoce las barreras a que se enfrentan quienes, como ella, se mueven sobre una silla. «Se ha avanzado, pero también es verdad que cada vez hay más personas que se quedan en sillas de ruedas y más población mayor», añade. En 1998 se aprobó en Castilla y León la primera ley de accesibilidad de la comunidad. La norma da diez años de plazo para adaptar los inmuebles ya existentes a sus exigencias. En el 2001 se aprobó el reglamento que afecta a las nuevas edificaciones y diseños urbanísticos. En este intervalo, nuevas obras se han incorporado a la fisonomía de la ciudad. Sara Miranda visitaba cada día hasta que se terminó las obras del Auditorio de León. «¿Es accesible?», preguntaba todos los días a los obreros. Contempló la obra antes de que se inaugurara y cuando salieron a la venta los abonos fue una de las primeras en adquririr uno para no perderse ninguna actuación. Acudir a los espectáculos sin barreras era un sueño que ahora tiene a sólo siete minutos de su casa en silla de ruedas. Nada que ver con el número que hay que organizar en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en pleno centro de la ciudad. Aquí las escaleras son insalvables y hay que contar con la ayuda de un agente de la Policía Local para acceder al recinto si una está en una silla de ruedas, como Sara. A través del escenario (hay que subir varios escalones) se accede a un ascensor y desde ahí a la salida del Ayuntamiento por Ordoño II. Toda una aventura después de ver en un corto, La Bruja de Nicanor Cardeñosa, las dificultades con se enfrenta una joven actriz para sobrevivir en una gran ciudad. En el Auditorio de León hay cuatro plazas reservadas para personas en silla de ruedas. En platea, precisa Carmen, es decir, que siempre pagarán las entradas más caras del aforo. Estar o no en la vera del pasillo puede ser una ventaja o un inconveniente, según se mire. El gerente del Auditorio señala que hasta ahora «nunca se han completado las cuatro plazas, pero si hicieran falta más las habilitaríamos», precisa. El mundo del ocio tiene otra barrera superada en León. El campo de fútbol permite el acceso a personas en silla de ruedas a través de un ascensor que les conduce a la zona habilitada para las sillas en las gradas. La asignación de este espacio, en ciertas ocasiones, a los medios de comunicación no ha podido sino causar el disgusto de quienes acudieron al campo con su billete para disfrutar de una tarde de fútbol. No es ningún regalo, aunque todavía haya mentalidades que piensen que eliminar las barreras es una gracia que se concede a las personas que necesitan ayuda para moverse, para oir o para integrarse en la sociedad con limitaciones psíquicas. La accesibilidad, en el más amplio sentido, es un derecho que asiste a la ciudadanía, como recuerda el Procurador del Común. La ley 3/1998 sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras en la comunidad de Castilla y León entró en vigor en octubre de ese año y «es aplicable a todo proyecto de actuación urbanística», precisa esta institución defensora de los derechos fundamentales. El salón de actos del Centro Cívico León Oeste incumple esta norma, bajo la excusa de que «aún no estaba aprobado el reglamento» cuando se diseñó, según comentó un técnico municipal. Una persona en silla de ruedas sólo puede franquear la puerta y quedarse allí quieto o detrás de los asientos. José Manuel González, presidente de Aspaym y empleado del Ayuntamiento de León desde hace 20 años, señala que a veces el problema radica en que «los arquitectos ponen el diseño por encima de la funcionalidad». Carmen Morán añade que es necesario un proceso de mentalización de arquitectos y urbanistas para que tomen conciencia de la importancia de la accesibilidad. Desde la oficina del Procurador del Común se han realizado varias campañas o actuaciones de oficio en favor de la supresión de barreras desde su creación. La institución considera satisfactoria la respuesta de las administraciones locales a su propuesta para que aprovecharan las obras de la canalización del gas para alcanzar acuerdos con las empresas. Los convenios comprometían a reponer el pavimento destruido en los puntos coincidentes con los pasos de peatón con rebaje del bordillo, «de modo que el desnivel de éste con la calzada no supere los 2 centímetros». El detalle de la medida no es baladí, porque un centímetro puede ser el abismo suficiente para impedir circular con una silla de manera autónoma e independiente, señala González a quien es frecuente encontrar en torno a las nuevas obras urbanísticas que se llevan a cabo en la ciudad. «Ahora están haciendo unas pasarelas muy bonitas sobre el río, pero no sé si harán caso de lo que les hemos pedido». El Procurador también pidió la supresión de barreras en las oficinas del Inem. «Sin perjuicio de los proyectos con que desde hace años cuenta dicha administración en relación con el fomento del empleo de los discapacitados, existe una dificultad aún más acuciante», señalaba la actuación de oficio. La falta de accesibilidad arquitectónica es aún un reto en las oficinas de empleo, aunque la que funciona en León en la avebnida Ramón y Cajal es practicable al contar una rampa de acceso. No sucede lo mismo con las dependencias que mantiene abiertas en la calle Sampiro donde las personas con discapacidad física se ven obligadas a llamar a una puerta para poder entrar, al existir un escalón en la puerta de acceso habitual. Estos edificios tienen diez años para adaptarse desde la entrada en vigor del reglamento, en el 2001, pero el Procurador destaca que «los servicios del Inem inciden directamente en el ejercicio del derecho al trabajo». El Procurador del Común ha pedido también informes sobre la existencia de baños adaptados en los centros sanitarios, que en León se subsanará con la remodelación del hospital al menos en lo que se refiere a centros públicos. Los baños adaptados son otro de los problemas de los locales de hostelería, tanto bares y cafeterías como, sobre todo, hoteles. José Manuel González advierte a los arquitectos que «sólo es necesario hacer puertas del mismo tamaño que la puerta de la habitación, no hace falta que sean el doble de grandes». Según datos del Instituto Nacional de Estadística, sólo el 0,56% de las personas con discapacidad tienen un empleo fijo. Sin embargo, el Procurador del Común destaca que la Junta ha reservado en su oferta pública de empleo hasta el 12,75% de las plazas para personas con discapacidad, lo que supera «con creces» el deber legal, que es equivalente al 2% del total de la plantilla. Los centros de salud, lugares frecuentados por personas mayores con movilidad reducida, son otro de los caballos de batalla de la oficina, si bien no consta una actuación de oficio como la emprendida recientemente para que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes eliminen las barreras en los colegios electorales ante las próximas elecciones locales y autonómicas. El Procurador ha pedido informes a estos municipios sobre la accesibilidad a los edificios previstos como sedes electorales y relación de las medidas adoptadas en anteriores comicios para garantizar el derecho al voto, «especialmente para los votantes que acuden en sillas de ruedas». LEÓN. Ana Gaitero Redacción Un total de 39.196 personas viven con algún tipo de discapacidad en la provincia de León. En la gran mayoría, más de 27.000 habitantes de la provincia, esta limitación es de tipo físico, pero además hay, según datos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, otras 6.910 personas con una discapacidad psíquica, 2.827 ciegos y personas con una limitación visual y 1.832 con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad suponen casi el 7% de la población leonesa, ciudadanos y ciudadanas cada vez menos invisibles porque «en los últimos cinco años se ha avanzado más que en 20», señala la asesora del Procurador del Común, Carmen Morán. Su silla de ruedas no le ha impedido incorporarse al mundo laboral y ser la persona que más de cerca conoce las barreras a que se enfrentan quienes, como ella, se mueven sobre una silla. «Se ha avanzado, pero también es verdad que cada vez hay más personas que se quedan en sillas de ruedas y más población mayor», añade. En 1998 se aprobó en Castilla y León la primera ley de accesibilidad de la comunidad. La norma da diez años de plazo para adaptar los inmuebles ya existentes a sus exigencias. En el 2001 se aprobó el reglamento que afecta a las nuevas edificaciones y diseños urbanísticos. En este intervalo, nuevas obras se han incorporado a la fisonomía de la ciudad. Sara Miranda visitaba cada día hasta que se terminó las obras del Auditorio de León. «¿Es accesible?», preguntaba todos los días a los obreros. Contempló la obra antes de que se inaugurara y cuando salieron a la venta los abonos fue una de las primeras en adquririr uno para no perderse ninguna actuación. Acudir a los espectáculos sin barreras era un sueño que ahora tiene a sólo siete minutos de su casa en silla de ruedas. Nada que ver con el número que hay que organizar en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en pleno centro de la ciudad. Aquí las escaleras son insalvables y hay que contar con la ayuda de un agente de la Policía Local para acceder al recinto si una está en una silla de ruedas, como Sara. A través del escenario (hay que subir varios escalones) se accede a un ascensor y desde ahí a la salida del Ayuntamiento por Ordoño II. Toda una aventura después de ver en un corto, La Bruja de Nicanor Cardeñosa, las dificultades con se enfrenta una joven actriz para sobrevivir en una gran ciudad. En el Auditorio de León hay cuatro plazas reservadas para personas en silla de ruedas. En platea, precisa Carmen, es decir, que siempre pagarán las entradas más caras del aforo. Estar o no en la vera del pasillo puede ser una ventaja o un inconveniente, según se mire. El gerente del Auditorio señala que hasta ahora «nunca se han completado las cuatro plazas, pero si hicieran falta más las habilitaríamos», precisa. El mundo del ocio tiene otra barrera superada en León. El campo de fútbol permite el acceso a personas en silla de ruedas a través de un ascensor que les conduce a la zona habilitada para las sillas en las gradas. La asignación de este espacio, en ciertas ocasiones, a los medios de comunicación no ha podido sino causar el disgusto de quienes acudieron al campo con su billete para disfrutar de una tarde de fútbol. No es ningún regalo, aunque todavía haya mentalidades que piensen que eliminar las barreras es una gracia que se concede a las personas que necesitan ayuda para moverse, para oir o para integrarse en la sociedad con limitaciones psíquicas. La accesibilidad, en el más amplio sentido, es un derecho que asiste a la ciudadanía, como recuerda el Procurador del Común. La ley 3/1998 sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras en la comunidad de Castilla y León entró en vigor en octubre de ese año y «es aplicable a todo proyecto de actuación urbanística», precisa esta institución defensora de los derechos fundamentales. El salón de actos del Centro Cívico León Oeste incumple esta norma, bajo la excusa de que «aún no estaba aprobado el reglamento» cuando se diseñó, según comentó un técnico municipal. Una persona en silla de ruedas sólo puede franquear la puerta y quedarse allí quieto o detrás de los asientos. José Manuel González, presidente de Aspaym y empleado del Ayuntamiento de León desde hace 20 años, señala que a veces el problema radica en que «los arquitectos ponen el diseño por encima de la funcionalidad». Carmen Morán añade que es necesario un proceso de mentalización de arquitectos y urbanistas para que tomen conciencia de la importancia de la accesibilidad. Desde la oficina del Procurador del Común se han realizado varias campañas o actuaciones de oficio en favor de la supresión de barreras desde su creación. La institución considera satisfactoria la respuesta de las administraciones locales a su propuesta para que aprovecharan las obras de la canalización del gas para alcanzar acuerdos con las empresas. Los convenios comprometían a reponer el pavimento destruido en los puntos coincidentes con los pasos de peatón con rebaje del bordillo, «de modo que el desnivel de éste con la calzada no supere los 2 centímetros». El detalle de la medida no es baladí, porque un centímetro puede ser el abismo suficiente para impedir circular con una silla de manera autónoma e independiente, señala González a quien es frecuente encontrar en torno a las nuevas obras urbanísticas que se llevan a cabo en la ciudad. «Ahora están haciendo unas pasarelas muy bonitas sobre el río, pero no sé si harán caso de lo que les hemos pedido». El Procurador también pidió la supresión de barreras en las oficinas del Inem. «Sin perjuicio de los proyectos con que desde hace años cuenta dicha administración en relación con el fomento del empleo de los discapacitados, existe una dificultad aún más acuciante», señalaba la actuación de oficio. La falta de accesibilidad arquitectónica es aún un reto en las oficinas de empleo, aunque la que funciona en León en la avebnida Ramón y Cajal es practicable al contar una rampa de acceso. No sucede lo mismo con las dependencias que mantiene abiertas en la calle Sampiro donde las personas con discapacidad física se ven obligadas a llamar a una puerta para poder entrar, al existir un escalón en la puerta de acceso habitual. Estos edificios tienen diez años para adaptarse desde la entrada en vigor del reglamento, en el 2001, pero el Procurador destaca que «los servicios del Inem inciden directamente en el ejercicio del derecho al trabajo». El Procurador del Común ha pedido también informes sobre la existencia de baños adaptados en los centros sanitarios, que en León se subsanará con la remodelación del hospital al menos en lo que se refiere a centros públicos. Los baños adaptados son otro de los problemas de los locales de hostelería, tanto bares y cafeterías como, sobre todo, hoteles. José Manuel González advierte a los arquitectos que «sólo es necesario hacer puertas del mismo tamaño que la puerta de la habitación, no hace falta que sean el doble de grandes». Según datos del Instituto Nacional de Estadística, sólo el 0,56% de las personas con discapacidad tienen un empleo fijo. Sin embargo, el Procurador del Común destaca que la Junta ha reservado en su oferta pública de empleo hasta el 12,75% de las plazas para personas con discapacidad, lo que supera «con creces» el deber legal, que es equivalente al 2% del total de la plantilla. Los centros de salud, lugares frecuentados por personas mayores con movilidad reducida, son otro de los caballos de batalla de la oficina, si bien no consta una actuación de oficio como la emprendida recientemente para que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes eliminen las barreras en los colegios electorales ante las próximas elecciones locales y autonómicas. El Procurador ha pedido informes a estos municipios sobre la accesibilidad a los edificios previstos como sedes electorales y relación de las medidas adoptadas en anteriores comicios para garantizar el derecho al voto, «especialmente para los votantes que acuden en sillas de ruedas».