Pagar servicios o IBI no implica que el suelo sea urbano

··Los recibos de saneamiento de la Mancomunidad u otros justificantes de pago no son suficiente prueba para que un suelo obtenga la clasificación de suelo urbano. Así lo manifiesta el informe del equipo redactor de Amepro (Americana de Proyectos) que ha diseñado el PGOU, sobre todo si se comprueba que «los terrenos no están efectivamente dotados» o no tienen las características adecuadas a las nuevas edificaciones. Tampoco es prueba suficiente el pago del IBI, que el documento que presentan otros alegantes. El informe constata una «notable confusión» de los ciudadanos alegantes «a la hora de diferenciar las distintas clases y categorías de suelo», sobre todo, entre suelo urbano consolidado y no consolidado o suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado. De las alegaciones también se desprende una falta de comprensión del concepto de «suelo urbano», indica el equipo redactor. «No basta con que el terreno disponga genéricamente de los servicios urbanísticos», sino que además sean adecuados para la edificación existente o que vaya a existir, recalca. Son los ciudadanos, agregan, quienes deben probar que «su terreno goza de esos servicios y que además son adecuados a la edificación existente o que vaya a existir». El informe de alegaciones recuerda que la administración está plenamente legitimada para cambiar la clasificación del suelo por necesidades de la población, nuevas concepciones de la ciudad, sin que «puedan prevalecer los intereses privados frente a los intereses públicos».