La ley de juicios rápidos prevé rebaja en las condenas si se acepta la pena

Esta oferta recogida en la nueva ley, que el Ministerio de Justicia denomina «premio de conformidad», se pretende que el juez pueda dictar sentencia sobre un pequeño delito en sólo 78 horas desde su comisión, cuando ahora aunque al final del proceso penal el acusado se conformase con la pena del fiscal, el caso se alargaría entre un mínimo de entre siete meses y un año. José María Michavila participó junto a Cralos Carnicer, Jesús Cardenal, Ignacio Astarloa y Carlos Ríos en una jornada de análisis sobre la entrada en vigor de la ley 38/2002 que se celebró ayer, retransmitida vía satélite para todos los colegios de abogados dl estado español. Fuentes del ministerio indicaron que es posible que entre el 40% y el 45% de los delitos que sean juzgados mediante el procedimiento de los juicios rápidos puedan terminar en conformidad del procesado en la primera comparecencia ante el juez, es decir, en las primeras 78 horas desde su detención, si el proceso se hace en las diez grandes ciudades españolas, y en un máximo de una semana en el resto de partidos judiciales. Se trata de la misma cifra de conformidades con la hoy terminan los juicios penales, pero con la diferencia de que ahora se producen después de un mínimo de 6 a 8 meses de instrucción judicial, a los que hay que sumar entre otros 2 a 5 meses más, mínimo, a la espera de que se celebre el juicio. El sistema de juicios rápidos, que entrará en vigor en toda España el próximo lunes, permitirá que entre el 60% y 70% de los de los delitos que se producen anualmente pueda juzgarse en un tiempo máximo de 15 días. Las faltas (infracciones penales sin cárcel) se juzgarán en las 24 horas siguientes a su denuncia en las grandes ciudades y en un máximo de una semana en el resto del territorio. El Estado invertirá en la puesta en marcha del sistema de juicios rápidos en 2003 unos 98 millones de euros, a los que hay que sumar los presupuestos autonómicos.