Proponen crear la figura de regiones Objetivo 1B para las áreas que aún no alcanzan la cohesión
Eur-Acom reclama que las cuencas mantengan los fondos estructurales
Los alcaldes plantean que aunque Castilla y León ya no es pobre, sus municipios aún no lo han conseguido
La conferencia de municipios mineros europeos integrados en Eur-Acom que se acaba de celebrar en Polonia reeligió al alcalde de Igüeña, Laudino García, como vicepresidente de la agrupación. García resume las principales resoluciones de la conferencia en los objetivos de mantener a largo plazo el apoyo de los estados al carbón europeo, y conseguir que las regiones mineras se sigan beneficiando de los fondos estructurales comunitarios si no han alcanzado los parámetros de cohesión, al margen de que los territorios administrativos a los que pertenecen sí lo hayan conseguido. Este es el caso de todas las comunidades autónomas españolas, que con la ampliación al Este de la UE dejarán de ser regiones Objetivo 1 al superar la media de su renta per cápita el 75% de la renta media europea. Así, Castilla y León pasará a estar catalogada como una región Objetivo 2, que podrá seguir recibiendo fondos para formación y empleo, pero no para infraestructuras como hasta ahora. Eur-Acom sostiene, según explicó su vicepresidente, que pese a que Castilla y León ya supera la renta de las regiones Objetivo 1, hay amplias zonas de la comunidad, como las cuencas mineras, que aún están lejos de alcanzar ese objetivo, por lo que se defiende la creación de la figura de las zonas Objetivo 1B, que se beneficiarían de unos fondos estructurales transitorios para destinar de forma específica en las cuencas, y no para dejarlos a libre disposición de la Junta de Castilla y León, como ocurre con los actuales. «Si con dinero europeo no se ha conseguido acercar a estas regiones a la media de la comunidad, sin ellos es de prever que las diferencias se acentúen aún más», sostiene Laudino García. El vicepresidente de Eur-Acom reconoce que el objetivo será difícil de alcanzar, ya que se oponen el Reino Unido y los demás países ricos de la UE, que presumible contarán con el apoyo de los nuevos receptores de fondos estructurales. España y sus aliados defenderán su propuesta con el argumento de que la Unión Europea está lejos de agotar el uno por ciento del producto interior comunitario que el Tratado establece como límite para invertir en fondos de cohesión, por lo que pueden ampliarse sus beneficiarios.