El Sepla denuncia la contratación de helicópteros de saldo para los incendios

Según sus responsables, tanto el Gobierno como buena parte de las comunidades autónomas ?en la actualidad sólo cuatro? han contratado en alguna temporada aparatos en situación dudosa para trasladar a las cuadrillas que trabajan en los servicios de extinción, pese a que sus fabricantes prohíben de manera expresa que transporten pasajeros. Según el presidente del Sepla, Andoni Nieto, quien ha decidido abrir una investigación profunda tras las denuncias que le han remitido varios de esos voluntarios, estaríamos ante «auténtica chatarra volante», procedente en su mayoría de la vetusta infraestructura militar del «antiguo imperio soviético» (sobre todo, de Rusia, Ucrania, Bulgaria y Polonia). Se trata de aparatos «en unas condiciones precarias y que han sufrido varios accidentes, pero que no se han conocido al no provocar víctimas mortales». Pero esos aparatos, que trabajan con tripulaciones de los propios países del Este europeo donde fueron fabricados, son sólo una parte de los que operan cada temporada veraniega en España. Los helicópteros ?jubilados? por el Ejército de los Estados Unidos ?e incluso algunos de Israel? conforman el resto del mercado donde ?pescan? cada año las administraciones públicas para reforzar los servicios de extinción de incendios durante los meses de junio, julio, agosto e incluso septiembre. En el caso de los norteamericanas, su problema ser incluso jurídico. Vacío legal y excepciones Los militares estadounidenses calificaron en su día la mayoría de esos helicópteros ­­?por ejemplo, los del modelo Bell 205? con el término inglés restricted (restringido), lo que les imposibilitaba para llevar pasaje o sobrevolar poblaciones. Les situaban en esa categoría al darles de baja en el Ejército, de forma que sólo podían ser utilizados por organismos públicos o para tareas concretas, por ejemplo, labores de reconocimiento policiales o bien transporte de mercancías no demasiado pesadas. Sin embargo, la falta de una legislación internacional concreta sobre esta materia hace que lo que en Estados Unidos no sea consentido, en España si éste autorizado. Al menos así lo sostiene el Sepla, cuyos dirigentes sostienen que la Dirección General de Aviación Civil concede y renueva año tras año desde 1989, de forma «excepcional», los permisos de navegabilidad correspondientes para que esos aparatos de uso restringido sí puedan transportar a las cuadrillas de voluntarios que ayudan a apagar los temidos fuegos veraniegos. En éstas ya ha cundido el temor, sobre todo tras negarse los bomberos profesionales a viajar en ellos. Aquí, y tres más Pero la denuncia del sindicato de pilotos llega aún más lejos, pues afirma que un reducido grupo de empresas (algunas instrumentales) se reparte desde hace años el negocio de estas contratas. Así, según sus datos, alquilan por algo más de 300.000 euros para cada campaña de verano (tres meses) un aparato que comprado en su país de origen costaría menos de la mitad. Esta práctica es aceptada por autonomías de distinto signo, como los de Galicia, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, además del Ministerio de Medio Ambiente para actuar en los parques nacionales. Nieto lamenta que España sea de los pocos, junto a Chile y Nueva Zelanda, que admite el uso supuestamente irregular de esos helicópteros. Señala que otras regiones como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Aragón se han negado a contratarlos. Para el presidente del Sepla, aparte del temor que despiertan unos aparatos que tras salir del ámbito militar «no son sometidos a un proceso claro de mantenimiento» y recambio de piezas, lo «curioso» es que a las autonomías les cuesta «lo mismo o más» contratar unidades restringidas en vez de normales.