León no estará finalmente incluida en la Ley de Grandes Ciudades de Arenas

De entre todas las ciudades de Castilla y León, la futura Ley de Modernización del Gobierno Local, que sustituye al fracasado proyecto de Ley de Grandes Ciudades, tan sólo incluye a fecha de hoy a la capital vallisoletana en esa categoría. Esta normativa, que podría entrar en vigor antes de finales de año, tiene como objeto reformar las competencias y funcionamiento de todos los municipios españoles, a los que se les conceden más funciones en empleo, vivienda o asistencia social. Además, este texto pretende lograr un mayor acercamiento entre Administración local y ciudadanos a través de una serie de medidas, entre las que destaca la figura de la iniciativa ciudadana (planteamiento de una cuestión por un determinado número de ciudadanos para su debate en pleno). Sin embargo, el asunto estrella de la Ley de Modernización del Gobierno Local, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas, es la delimitación de la categor¡a de gran ciudad. En principio, se consideran  grandes ciudades todos los municipios de más de 250.000 habitantes, junto con todas las capitales de provincia con más de 200.000 habitantes y a las seis capitales de comunidad que no cumplen ni uno ni otro requisito (Toledo, Logroño, Mérida, Santiago de Compostela, Pamplona y Santander), siempre que así lo soliciten sus respectivos Parlamentos. En el caso de Castilla y León, tan sólo Valladolid estaría incluida en esa categor¡a, al contar con más de 318.000 habitantes, según la última revisión del padrón municipal realizada por el INE. Muy por debajo de los 200.000 habitantes quedan otras tres capitales de provincia de la comunidad a las que también les interesaría formar parte del «club» de las grandes ciudades: Burgos, con casi 168.000 habitantes, Salamanca, con 156.000, y León, con 136.000. Como ventajas, ser considerada gran ciudad supone poder dividir el núcleo urbano en distritos, contratar altos cargos municipales, crear un Consejo Social local, y, lo más importante, nombrar concejales no elegidos en las urnas, siempre que no se supere el 50% del total.