El alcalde podrá contar en su propia Comisión de Gobierno con personas que no sean concejales
León será al fin «gran ciudad» y sus vecinos tendrán órganos para desarrollar proyectos
El Congreso decide rebajar de 250.000 a 75.000 habitantes el rango para entrar en las grandes ciudades
León será finalmente considerada una «gran ciudad», al rebajar el Congreso los requisitos para ello
? El Congreso de los Diputados rectificó ayer la decisión tomada recientemente y dio el visto bueno a una innovación aportada por los socialistas por la que los municipios con más de 75.000 habitantes podrán aplicar en sus ayuntamientos las reformas jurídicas previstas para las grandes ciudades. Entre ellas, que personas que no fueron elegidas en las urnas, y por tanto no son concejales, formen parte del consejo de gobierno que preside el alcalde. Estas ciudades también contarán con órganos abiertos a la participación de los vecinos para el desarrollo de los grandes proyectos urbanos y la planificación municipal, y disfrutarán, además, de la iniciativa popular local que permitirá que la firma de un determinado número de residentes sea un aval suficiente para el desarrollo de iniciativas ciudadanas. En el proyecto que aprobó el Gobierno el pasado 6 de junio, estas particularidades sólo eran aplicables a los municipios de más de 250.000 habitantes, a las capitales provinciales con más de 200.000 y las de comunidad autónoma. Estos criterios dejaban fuera de la ley a ciudades como San Sebastián, Albacete, Tarragona, Cádiz, Salamanca, Burgos, Palencia, Zamora, León, Elche, Castellón, Cáceres, Badajoz, Lleida, Girona, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Avila, Teruel, Huesca, Jaén, Almería, y Huelva, que, ahora, tendrán el rango de «gran ciudad». El PSOE también logró que el PP aceptara rebajar el número de personas no electas en los ejecutivos municipales. El proyecto preveía que hasta la mitad del equipo del acalde estuviera formado por personas sin la condición de concejales, una proporción que quedó rebajada a un máximo de un tercio. La ley no afectará a Madrid, que tendrá una norma específica por su condición de capital del país, y los socialistas y nacionalistas catalanes pretenden que tampoco sea de aplicación en Barcelona. El PP aceptó en el debate de la comisión que la capital catalana quede excluida, pero no se comprometió a desarrollar de inmediato la Carta Municipal de Barcelona que otorgaría un régimen jurídico especial a la Ciudad Condal.