La Ley de Grandes Ciudades igualará la gestión municipal a la de la Junta

Una vez que el Congreso ha decidido rebajar el límite de población por el cual un municipio puede ser considerado como gran ciudad, de 250.000 a 75.000 habitantes, la pregunta es qué ventajas o inconvenientes tendrá para León convertirse en gran ciudad. Según el responsable de política municipal del PSOE, -partido del que surgió la iniciativa de ampliar el «club» de las grandes ciudades a más municipios-, Francisco Ramos, la principal consecuencia de la aplicación de la futura Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local será la «parlamentarización» de la vida municipal. Es decir, por un lado se incrementarán las funciones normativas y de control sobre el equipo de gobierno que tiene el pleno municipal, mientras que, por otra parte, aumentará la capacidad ejecutiva y la autonomía del alcalde y de su equipo de gobierno. En definitiva, se diferenciarán claramente las funciones del pleno y del equipo de gobierno que, de este modo, «equipararía su funcionamiento al de, por ejemplo, una Administración autonómica». También en relación con el funcionamiento del gobierno municipal aparece una de las novedades de la Ley más conocidas: la posibilidad de que el alcalde incorpore a su equipo de gobierno un número, todavía indeterminado, de personas no electas, al igual que sucede con el presidente de la Junta y su equipo de gobierno. En el momento actual de la negociación en que se encuentra esta normativa todo apunta a que este número de personas no podrá ser superior a un tercio de todos los miembros del equipo de gobierno. Ya en el capítulo de organización y gestión municipal, el director general de Administración Territorial de la Junta, Luis Miguel González Gago, destaca que la Ley obligará a la división de las llamadas grandes ciudades en distritos. Estos distritos contarán con un presupuesto propio, aprobado por el pleno, y estarán presididos por un concejal que gestionará en esa división del ámbito municipal todos los asuntos que el pleno determine. Según González Gago, esta medida acercará la gestión municipal a los ciudadanos puesto que «tendrán mucho más cerca al máximo responsable municipal en determinados asuntos». En materia de participación ciudadana, la nueva normativa establece la obligación de crear dos nuevos órganos: el Consejo Social de la Ciudad, del que formarán parte representantes de organizaciones económicas, sociales, vecinales, etc., y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, formada por representantes de todos los grupos municipales, en la que tendrán cabida todas las quejas e iniciativas formuladas por los propios ciudadanos.