Ayuntamiento y Diputación negociarán el futuro de San Cayetano «de forma global»

El presidente de la Diputación, Javier García Prieto, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León, Francisco Gutiérrez, coincidieron ayer al asegurar que la negociación sobre la futura recalificación del suelo del entorno de San Cayetano, propiedad de la institución provincial, habrá que enmarcarla dentro de unas conversaciones «más globales» en las que se pondrán sobre la mesa las distintas propiedades, fundamentalmente terrenos, que la Diputación tiene en la ciudad de León y en su entorno. De esta forma, la parcela que la institución provincial tiene en Santa Nonia e incluso los terrenos que posee en La Lastra podrían ser especialmente importantes en la citada negociación. Por otra parte, los portavoces del PP, el PSOE y la UPL en la Diputación de León acordaron ayer, a propuesta de García Prieto, crear una comisión que estudiará las competencias que esta institución reclamará a la Junta de Castilla y León con el fin de gestionarlas de un modo «más eficaz». Así lo adelantó a Efe el máximo responsable de la corporación provincial leonesa, quien detalló que el objetivo de esta comisión será la elaboración de un documento que recogerá aquellas competencias que, a juicio de todos los grupos políticos de la Diputación leonesa, estas dos instituciones deberían intercambiar. En este sentido, García Prieto expresó en declaraciones a los periodistas su deseo de que la corporación provincial pueda pasar a gestionar materias que, actualmente, dependen de la Junta, entre las cuales enumeró áreas como la Vivienda, la Cultura, el Patrimonio, el Medio Ambiente y el Turismo. Contrapuso estas demandas con aquellas otras competencias que, en su opinión, la Diputación leonesa ostenta de forma indebida, como la financiación del Conservatorio Provincial de Música y los gastos de atención psiquiátrica, y que la Junta debería comenzar a gestionar tras haber recibido ya desde la Administración central las competencias plenas de Educación y de Sanidad. «La idea consiste en estudiar qué competencias puede ejercer la Diputación de León con más eficacia y garantías y, además, devolver a la Junta aquellas otras que actualmente estamos ejerciendo de forma indebida», dijo García Prieto, aludiendo especialmente a los gastos en materia psiquiátrica, que cada año suponen a la institución que preside un coste de más de 18 millones de euros. Sin presión por los plazos A pesar de todo, abogó por que este proceso de recíproco traspaso de competencias entre la Diputación leonesa y el Ejecutivo regional se negocie «en un marco de serenidad, amplia reflexión y estudio concienzudo», evitando el establecimiento de la «presión de plazos concretos» sobre su posible materialización. Por último, consideró que estas negociaciones deberán enmarcarse en el ámbito del Pacto Local, o segundo proceso de descentralización de las administraciones públicas de Castilla y León, con el consenso de todos los grupos políticos.