El Ejecutivo pretende posponer las conversaciones hasta marzo, antes de las elecciones
Patronal y sindicatos piden al Gobierno celeridad para fijar la reserva de carbón
Los empresarios piden que flexibilice las inversiones ambientales de las eléctricas
Los sindicatos -en primer término- y la patronal -al fondo- ayer en la sede de Carbunión en Madrid
La patronal Carbunión y los sindicatos mineros FIA-UGT y FM-CC.OO. acordaron ayer en Madrid presionar al Gobierno central para que despeje las dudas sobre las unidades de producción que van a formar parte de la reserva estratégica de la Unión Europea. El Ejecutivo, que debe enviar a Bruselas la propuesta de la cuota española antes de julio de 2004, quiere posponer la ronda de negociaciones hasta marzo, en pleno periodo electoral. Esta indefinición del Gobierno y, en concreto, del secretario de Estado de Energía, José Folgado, ha provocado que los sindicatos concertaran esta reunión con la patronal minera Carbunion para formar un frente común que urja a la Administración a emprender las acciones previstas para aclarar el futuro del sector. En el encuentro, las dos partes coincidieron en que la actitud del Ejecutivo genera «incertidumbre» en el sector. Y que conviene negociar antes de las elecciones, pese a posibles desencuentros contraproducentes para el Ejecutivo en términos electorales. «Queremos hacer ver a la administración que es importante que no espere a fechas límites», aseguró Rafael Morera, vicepresidente de Carbunion. «Quedan muchos interrogantes; no podemos esperar a marzo», comentó el responsable de minería de FM-CC.OO., Rafael Varea. Si hubo un acuerdo en la urgencia de la negociación, no se llegaron a establecer datos concretos. Los sindicatos propusieron establecer un umbral de referencia a defender conjuntamente en las negociaciones con el Gobierno, que se basaría en el mantenimiento de la producción actual de carbón en España, unos 12 millones de toneladas -cinco en Castilla y León-, y unas plantillas similares a las actuales. Sin embargo, la patronal Carbunion consideró que, en primer lugar, son las eléctricas quienes tienen que realizar las obligadas inversiones medioambientales -debidas al Protocolo de Kyoto o al futuro Plan Nacional de Asignaciones- y confirmar que van a seguir comprando carbón. «Los empresarios no invierten si no saben si las térmicas van a seguir comprando carbón», constató ante los medios Rafael Morera. En este sentido, la patronal considera que el Ejecutivo debe acelerar las decisiones y aliviar en lo posible al sector de inversiones medioambientales. «No es que las eléctricas tengan la última palabra sobre la producción que quedará», aclaró Morera, «el problema es que, si esas inversiones colocan al carbón en un nivel no competitivo, no lo van a comprar en un mercado libre». Pese a no concretar este punto, patronal y sindicatos acordaron negociar la posición común en una próxima reunión, que se celebrará la semana que viene. Además de éstas, las centrales sindicales han solicitado entrevistarse con los líderes del PP, del PSOE y de IU, y con el ministro de Economía.