El campo leonés se une para exigir reformas y salvar los regadíos

La Cámara Agraria de León fue escenario ayer de una foto inusual y casi histórica: la de las cuatro organizaciones agrarias junto a la totalidad de las comunidades de regantes de la provincia sin excepción -incluidas las del Bierzo- firmando un documento para tratar de salvar y hacer viable la llegada en unos casos, la transformación en otros y la modernización de los regadíos de todo el campo leonés. El documento, que remitirán a los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura y a la Junta de Castilla y León, reclama la reforma de tres leyes: aguas, desarrollo agrario y concentración parcelaria. El objetivo en el caso de esta última -dependiente de la Junta- es lograr una reconcentración que permita a quienes trabajan el campo (la mayoría de los propietarios ya no viven de él) lograr superficies más grandes y agrupadas, que las hagan más rentables y que a la par abarate el coste de las infraestructuras para llevarle el regadío. Desahogo económico Al mismo tiempo se reclama al Estado que se reformen las leyes antes mencionadas para permitir que las obras de infraestructuras, modernización de riegos y transformación (a sistemas de presión automatizados en casi todos los casos) reciban subvenciones públicas (UE, Estado o Junta) que sumen más del 50% del coste. A la par de esta reducción de los costes para el agricultor, los cambios deberían permitir que las amortizaciones de la inversión que aumenten hasta 50 años (en vez de los 25 actuales), con entre 10 y 25 de carencia hasta el primer pago según los casos. Y por último, que en vez de que como ocurre ahora los regantes deban buscar un aval bancario para pagar la parte de la obra que les corresponde sean Seiasa del Norte en el caso del Bierzo y Aguas del Duero en el caso del resto de León quien aporte la cuantía que no cubran las subvenciones. Ahora, la parte no subvencionada se divide en dos: una de los agricultores y otra de Seiasa o Aguas del Duero. Esta última, con una carencia y tarifa plana, también la tiene que afrontar después los regantes mediante cuotas fijas durante 25 años. Lo que piden es que estas sociedades pongan toda esta parte del dinero necesario para las obras que no cuenta con ayudas y que puedan luego devolverlo con una tarifa plana.