El Ayuntamiento insta a los promotores de La Barbada a rehacer el plan parcial

El Ayuntamiento de Sariegos remitió ayer un escrito a los promotores de La Barbada explicándoles que «es imposible proseguir la tramitación» de su plan parcial para construir 552 viviendas en Pobladura del Bernesga. El motivo, que la Comisión Territorial de Urbanismo de León rechazó la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales que proponían para ampliar de 280.000 a 345.000 metros cuadrados la superficie a desarrollar. La noticia reabrió las viejas heridas sobre los desmanes urbanísticos cometidos en el municipio en la década e los noventa y que concluyó con la inhabilitación del entonces alcalde y tres concejales, entre ellos, el ex pedáneo de Pobladura y promotor de La Barbada, Santiago Álvarez. Para evitar suspicacias, el actual regidor, Ismael Lorenzana, insiste en que el informe desfavorable que ha emitido la Junta sobre la ampliación de La Barbada «no significa que se hubiera hecho nada ilegal. Los promotores remitieron su propuesta, no ha sido aceptada, y tendrán que ajustarse a las exigencias de la Comisión». Lorenzana reconoce que algunos miembros del ente territorial de Urbanismo mantienen su recelo hacia el municipio. De ahí que el Ayuntamiento vaya a redoblar los esfuerzos en ajustar al planeamiento actual las viejas urbanizaciones construidas al margen de la legalidad, hace años. «Ahora tenemos una normas subsidiarias y todo se hace por ley. Nuestra prioridad -confirma- es que el nombre de Sariegos no siga viéndose relacionado con los antigüos escándalos urbanísticos». Objetivo, ajustarse a la ley En el escrito que se remitió ayer a la promotora, la Corporación admite que «es consciente de las dificultades del momento», pero que, no obstante, sigue «apostando por el criterio preferente de que el plan parcial que ordene la zona se fije principalmente en la regularización de las construcciones ya ejecutadas (casi un centenar) y en la dotación de servicios urbanísticos de la zona». En ese punto, todos los grupos fueron unánimes en «esforzarse para alcanzar esos objetivos, dentro del cumplimiento de las normas y el derecho». El Ayuntamiento «acata y acatará», prosigue el texto, «los criterios de la Comisión Territorial de Urbanismo». En ese sentido, la Corporación muestra su deseo de que los promotores lleguen a un consenso mínimo con la comisión para reconocer las bases «sobre las que un plan parcial pueda tener probabilidades de ser aprobado definitivamente» y normalizar la zona. También sugiere que el consenso con la Junta «debería alcanzarlo la promotora antes de plantear nuevas soluciones al Ayuntamiento». Se trataría de garantizar que el plan parcial va ser aprobado por la comisión (y no sólo porque la tramitación del procedmiento sea correcta, que es competencia del Ayuntamiento, sinio pporque el contenido se ajusta a derecho y a las normas, que es la responsabilidad de los promotores y técnicos redactores del plan».